La Cámara de Diputados le dio media sanción a las modificaciones a la ley de Defensa de la Competencia, lo que en el Gobierno fue recibido casi como un triunfo personal. Es que la nueva normativa -redactada por el radical Mario Negri y la líder de Coalición Cívica, Elisa Carrió-, tiene un corazón que en Casa Rosada entienden como vital para la detección de conductas comerciales especulativas. El Programa de Clemencia, introducido como herramienta para que compañías o personas denuncien cartelización, era una obsesión para los asesores de Mauricio Macri, que estudiaron el efecto que tuvieron los “quebrados” en otros países que hace tiempo tienen esa figura incluida en la normativa.
Según detalles a los que accedió Letra P, hay dos o tres casos emblemáticos en los que el Gobierno se basó para pensar que es posible una masificación de las denuncias de arrepentidos. El Estado sabe que es altamente improbable descubrir carteles sin colaboración de delatores. Por eso empujó el asunto casi en soledad -el bloque del Frente para la Victoria votó en contra, al igual que la izquierda. También influyó la obsesión de Carrió contra algunos sectores que considera deben ser observados por conductas inapropiadas, como el de la obra pública y el de los laboratorios medicinales.
Este sistema de denuncia excluye de la multa al que cuenta detalles y delata. Es lo que ocurrió en algunos casos de estudio que se analizaron en el Gobierno. Uno de ellos, el de la multa de 2.900 millones de euros que la Unión Europea le aplicó a las firmas Volvo y Scania por cartelización en el sector camiones. Otro, el de las casas de remates Sothebys y Christies, en los Estados Unidos. Según cifras que deslizaron fuentes oficiales, el 90% de los casos de cartelización detectados en Europa y Estados Unidos se dio gracias a los delatores.
Cuentan en el ámbito oficial una anécdota que se trajeron de uno de los viajes a España, en los que hablaron con funcionarios de Competencia de ese país. Les contaron que el día después del agregado de la figura del “arrepentido”, había una fila de denunciantes corporativos para ver quién denunciaba primero y se salvaba y, ergo, quién zafaba de la investigación y la sanción.
Pero estos números no son lo único. También apuestan al rol independiente que tendrá Defensa de la Competencia una vez sancionada la ley en el Senado. Es que hoy las resoluciones de la entidad las rubrica el secretario de Comercio y el macrismo pretende escindir a Competencia de la esfera política.
El otro ítem que entienden como relevante es la modificación del cálculo de las multas. Con la ley aún vigente, el monto máximo es de 150 millones de pesos. Cuando haya cambios, se podrá aplicar hasta el 30% de la facturación de las firmas denunciadas en los mercados en lo que se hayan detectados irregularidades.
Por el momento, la Subsecretaría de Defensa de la Competencia tiene investigaciones sectoriales abiertas y bajo secreto. Y no se descarta que algunas de ellas puedan encuadrarse en algún momento en los términos de la nueva legislación.
