Luego del traspié por la fallida creación de una comisión independiente para investigar la desaparición de Santiago Maldonado, el representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amérigo Incalcaterra, le reclamó a la administración del presidente Mauricio Macri que investigue la responsabilidad de Gendarmería, establezca sus responsabilidades y "sancione debidamente a los autores materiales como a sus superiores", un mensaje que refuerza las acusaciones de encubrimiento contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El funcionario expresó su “preocupación ante la falta de avances en las investigaciones sobre la desaparición de Maldonado” y consideró "prioritario esclarecer las posibles responsabilidades de la Gendarmería Nacional Argentina en los hechos", indicó la Oficina para el Cono Sur, mediante un comunicado.
“Insto al Estado argentino a adoptar todas las medidas necesarias para investigar y sancionar a los responsables por la desaparición de Maldonado", señaló el funcionario y remarcó que "es urgente esclarecer la participación de Gendarmería en los hechos, y en caso de demostrarse, establecer sus responsabilidades y sancionar debidamente tanto a los autores materiales como a sus superiores jerárquicos”, disparó.
Entre los antecedentes previos, el ACNUDH recordó que "el pasado 7 de agosto el Comité de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas exigió al Estado adoptar “todas las medidas urgentes que sean necesarias para buscarlo y localizarlo”, y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó el 23 de agosto una medida cautelar para proteger los derechos de la víctima".
El panorama de crecientes sanciones internacionales contra la Argentina por este caso, incluye la marcha atrás del compromiso que tuvo el ministro de Justicia Germán Garavano con la familia Maldonado, para poner en funcionamiento una comisión investigdora independiente junto con el ACNUDH, una gestión que estuvo a un paso de concretarse, hasta que el titular de la cartera de Justicia fue desautorizado por su secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Aunque Avruj es subalterno de Garavano, responde directamente al jefe de Gabinete Marcos Peña, principal impulsor del freno a la comisión, porque confirma la hipótesis de desaparición forzada de Maldonado, algo que Macri ordenó negar hasta las últimas consecuencias.
En rigor, la carátula de "desaparición forzada" está en una de las dos investigaciones que instruye el juez subrogante Gustavo Lleral, pero el objetivo de máxima de la Casa Rosada es abandonar ese delito del caso. Así se lo respondió a la CIDH en una respuesta oficial que se conoció esta semana y es el mismo argumento que finalmente el Gobierno argentino utilizó ante el ACNUDH para abortar la conformación de esa comisión investigadora.
En el comunicado difundido este martes por la tarde el ACNUDH llamó "a las autoridades competentes a alinear en todo momento sus investigaciones y procedimientos con los estándares internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención de las Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas".
Santtiago Maldonado lleva 64 días desaparecido y a pesar de todos los indicios que refuerzan la hipótesis sobre el involucramiento de efectivos de Gendarmería, el Gobierno viró su discurso de una cerrada defensa, al virtual reconocimiento de "algún hecho desgraciado a manos de un caso aislado que no compromete a toda la fuerza", tal cual repiten los voceros de la Casa Rosada. En la medida que crecen los indicios penales sobre Gendarmería, se refuerzan las acusaciones por encubrimiento contra Bullrich, Garavano, Peña y Avruj, que son investigadas por el fiscal federal Federico Delgado, a partir de una denuncia presentada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
