“No sabemos cuándo va a terminar porque la lista de expositores es muy larga, así es que puede durar días”, anticipó un funcionario de la Casa Rosada a Letra P para retratar el clima que se respira sobre la audiencia pública que deberá afrontar el ministro de Energía, Juan José Aranguren, casi en soledad, el próximo 16 de septiembre en la Usina del Arte del barrio porteño de La Boca.
Dentro de la mesa de contención que rodea al funcionario más golpeado del gabinete nacional, el recuento de las consultas realizadas con gobernadores, intendentes y sindicatos ofrece, aseguran en el Gobierno, un panorama menos dramático que el que se respiraba en los despachos oficiales luego del fallo de la Corte que anuló el incremento en los hogares residenciales hasta que el Gobierno barajara y diera de nuevo, es decir, hasta que convocara a una audiencia pública, entre otras consideraciones que forman parte del primer pronunciamiento del máximo tribunal sobre el tema energético en 12 años.
“Ahora tenemos un nuevo borrador, más pulido, donde hay temas más consensuados, como el promedio del 200% de aumento en el valor de las facturas y algunos asuntos más determinantes, como la reducción de los subsidios. Nosotros habíamos propuesto una reducción a nivel nacional de cuatro años y ahora lo establecimos en ocho, con salidas graduales en distintas zonas”, grafican dentro de la Casa Rosada para ofrecer las nuevas bondades del operativo maquillaje: una salida que desagrada al sector más duro del Gobierno, integrado por funcionarios como Aranguren, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y sus secretarios de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, y de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, y fortalece a los que apuestan a cierta moderación en el ajuste, como el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, entre otros.
El equipo que contiene al ex CEO de Shell Argentina encierra esa interna en su interior: esta compuesta por Peña, Frigerio, Monzó, por el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y la vicepresidenta Gabriela Michetti. Por encima de ellos, dicen a su alrededor, define el presidente Mauricio Macri.
El documento consensuado que “los ángeles de Juanjo” ya pulieron repite parte de la argumentación que Aranguren defendió sin éxito: explica la composición del costo del gas para sostener la pertinencia de un aumento que, políticamente, Cambiemos no pudo imponer. Ahora, luego de las durísimas discusiones al interior del gabinete económico, la propuesta que ya leyeron gobernadores e intendentes establece que el objetivo del reajuste busca “promover un sendero gradual y previsible de reducción de subsidios que permita acortar la brecha entre costos y tarifas” y también generar “conciencia sobre el impacto del ahorro energético en el poder adquisitivo familiar y el cuidado ambiental”. Con esos dos objetivos en ciernes, la “nueva” propuesta ofrece “una disminución gradual y previsible de los subsidios a la producción e importación de gas natural en los próximos tres años” y promete “mantener la protección sobre los más vulnerables, asegurándonos que la tarifa social llegue a quién la necesita”.
Como un anticipo del discurso que seguramente pronunciará Aranguren en la audiencia pública, el Gobierno argumentará que busca “generar conciencia sobre la importancia que tiene el uso racional energético en la economía familiar y el cambio climático, con el fin de “lograr un suministro energético más justo y que promueva la producción local y el trabajo argentino”.
Desde el martes pasado, cuando la Suprema Corte desestimó -por ilegitimidad de los demandantes, según consideró- presentaciones contra los aumentos en las tarifas eléctricas en la provincia de Buenos Aires, los integrantes del gabinete que rodean a Aranguren respiran mas aliviados. Fue el paso previo para mostrar en público a un ministro de Energía más moderado. “La autocrítica es que en el tiempo que implementamos los nuevos cuadros tarifarios no supimos explicitar los motivos fundamentales” del aumento, disparó el titular de la cartera de Energía para mostrar su costado “poroso”: un ejercicio previo a la andanada de cuestionamientos que se avecina en la audiencia pública del 16.
El nuevo escenario que intentó definir el Gobierno luego del fallo de la Corte que les había quitado la algarabía (el del gas), las perspectivas de buena parte del Ejecutivo buscan que “la pesadilla del tarifazo se termine de una vez por todas”, especialmente porque la llegada de septiembre preanuncia la necesidad política del oficialismo de dar una “vuelta de página” para el fárrago de la agenda legislativa que resta antes de fin de año, como el envío del presupuesto 2017 al Congreso y el impacto que tendrá en el último trimestre del año el aumento de luz y el gas.
“Necesitamos salir de esta coyuntura. El análisis que tenemos no es el mismo que barajábamos hace dos semanas, pero la propuesta es mucho mejor y dentro de un frente más homogeneo", confió un vocero que va y viene del Palacio de Hacienda.
El punto más álgido de la espera será la audiencia y su posible extendida televisación. Pueden ser horas, y quizás días, de prolongado desgaste, en un escenario cuya organización lleva más de 20 días de preparativos y detalles, entre ellos, la acreditación para la prensa.
La presentación oficial del nuevo borrador para afrontar el desgaste estuvo en manos de Michetti que se reunió en la Rosada con buena parte del Senado "para darles a conocer el método que instrumentará el Gobierno respecto a la readecuación de las tarifas de los servicios públicos". La integrante del equipo de contención no estuvo sola. La acompañaron el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; Frigerio, Aranguren, Lopetegui y los ex secretarios de energía Alieto Guadagni y Daniel Montamat. El listado de invitados no fue menor: estuvieron Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Abal Medina, Pedro Guastavino, Omar Perotti, Rodolfo Urtubey, Guillermo Pereyra, Carlos Alberto Caserio, Alfredo Luenzo, Jaime Linares, Maria Odarda, Fernando Solanas, Daniel Lovera, Marina Riofrío, María de la Rosa, José Mayans, Liliana Negre de Alonso.
Quienes creen ver luz al final del túnel remarcan la urgencia de los acuerdos para dar una vuelta de página, cuanto antes. Además de la inminente presentación del presupuesto 2017, septiembre tiene una agenda muy movida para el trance por el tarifazo: el 19 viene la primera misión del Fondo Monetario Internacional en más de diez años, el 22 el INDEC dará a conocer las primeras cifras oficiales sobre pobreza y el 23, la CGT tendrá su confederal unificado.
Cuando hayan promediado las tormentas de primavera, cerca del Presidente aseguran que la agenda de octubre apuesta a una merma de la inflación, el anuncio de "inversiones", y una agenda de obras públicas que tendrá correlatos como el plan de trabajos ferroviarios que lanzó esta semana.