El Gobierno nacional se desentiende de la embestida de la diputada nacional Elisa Carrió contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, pero tampoco hace mucho para frenar a la socia fundadora de Cambiemos, que ya redactó un pedido de juicio político para el magistrado oriundo de Rafaela.
“Nosotros como Gobierno somos muy respetuosos de esta Corte y sus autoridades, y no tenemos los elementos para compartir la opinión de Carrió. Es una opinión a título personal. No refleja ni al Gobierno ni a Cambiemos”, explicó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en diálogo con radio Mitre.
En una nueva declaración evasiva, Peña pidió ser “respetuoso de los procesos”, y agregó que la chaqueña “tiene toda la libertad” de presentar una acusación contra Lorenzetti si tiene “los elementos”.
A pesar del despegue del oficialismo, la Casa Rosada no emitió un solo mensaje hacia Carrió ni se horrorizó cuando la legisladora afirmó que le pidió a su equipo que redactara un pedido de juicio político para el titular de la Corte por “mal desempeño y/o comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”. Cuando sus íntimos le consultan la razón de los ataques, Lilita responde: “Porque es un corrupto”.
“Yo no tengo los elementos para sostener esa opinión. Yo he trabajado muy bien con la Corte. Tenemos una buena relación institucional”, disparó el jefe de Gabinete. En Balcarce 50 niegan alguna especie de “empuje” para poner contra las cuerdas al presidente de la Corte Suprema, pero sabían con antelación de las cruzadas de Carrió.
En tanto, en la Coalición Cívica niegan tajantemente alguna intervención del presidente Mauricio Macri en las investigaciones y denuncias de Carrió. Incluso bufan porque no adhieren. “Cuando avisamos que íbamos fuerte con (Julio, ex ministro de Planificación) De Vido tampoco se quisieron sumar”, sostuvo un dirigente del partido de Carrió.
El miércoles, durante la sesión en la que se trató el proyecto de Acceso a la Información Pública, la chaqueña acusó al rafaelino de manejar el comité de inversiones del Consejo de la Magistratura como un “agujero negro”. Durante ese debate propuso incluir la ley que sancione con “juicio político” a los funcionarios que se nieguen a brindar información solicitada porque “si no nos vamos a encontrar con una acordada” de la Corte.
“¿Cómo puede ser que no podamos acceder a la declaración jurada del presidente de la Corte y demás miembros siendo que ellos son la cabeza del Poder Judicial?”, se preguntó durante su exposición y protestó porque “en los últimos años la Corte se ha arrogado funciones legislativas”.
En respuesta, el jefe del máximo tribunal firmó un comunicado en el que criticó a quienes “pretenden debilitar la gobernabilidad o desprestigiar las instituciones para beneficios que no son los del ciudadano”.