Congreso Nacional

El oficialismo demora el giro del proyecto anti despidos desde el Senado a Diputados

Como pasaron más de 24 horas desde la aprobación en el recinto, Recalde quiso presentar un reclamo en la Cámara alta pero no se lo recibieron. Las vueltas del Gobierno para frenarlo.

Mientras teje negociaciones políticas e intenta ganar tiempo para tratar de desactivarla, el oficialismo trabó el giro de la ley anti despidos, que fue aprobada en la sesión del miércoles 27, desde el Senado hacia la Cámara de Diputados. El titular de la bancada del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, intentó presentar una nota ante la Cámara alta, pero denunció que no se la quisieron recibir.

 

“Como pasaron más de 24 horas y el expediente no ingresaba, hablé con el secretario parlamentario, Juan Pedro Tunessi, y me dijo que estaban en eso. Insistí más tarde y me respondió que lo estaban viendo con (el presidente provisional del Senado, Federico) Pinedo. Llamé dos veces a Pinedo y no pude comunicarme con él”, contó Recalde.

 

Según explicaron fuentes del bloque kirchnerista, después de ese episodio, pasadas las 19, un representante del FPV intentó presentar una nota de intimación para el giro del proyecto ante la mesa de entradas del Senado pero fue primero derivado a la oficina de la vicepresidenta Gabriela Michetti, primero, y luego a la de Pinedo. En ninguno de los dos despachos quisieron recibirla. “Queda claro que están demorando intencionalmente la remisión del proyecto porque están en contra, y para evitar que lo tratemos realizan estas maniobras impropias”, aseguró Recalde.

 

El kirchnerismo anunció que pedirá a la Presidencia de la Cámara que convoque a una sesión especial para el miércoles 4 de mayo, con el fin de tratar el proyecto. Para poder realizar ese pedido, el Senado debe girarlo. En la multitudinaria marcha convocada por las centrales obreras el viernes 29, el titular de la CTA, Hugo Yasky, anunció que el mismo miércoles marcharán hacia el Congreso para pedir a los diputados que aprueben la ley.

 

En tanto, en el oficialismo admiten que la orden es “demorar” el tiempo posible el tratamiento del proyecto, para evitar que el presidente Mauricio Macri pague el costo político de vetarlo, como ya trascendió que hará.

 

 

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