Un crudo caso de violencia policial reflejado en el destacamento de una localidad del distrito de San Vicente, da cuenta que las prácticas abusivas siguen enquistadas en sectores de la Policía Bonaerense. De acuerdo a lo detallado a Letra P por fuentes confiables, cinco mujeres y un joven, que estaban detenidos sin sentencia firme en un calabozo de la mencionada dependencia, denunciaron ser víctimas de sistemáticas vejaciones perpetradas por efectivos policiales que iban desde golpes y amenazas de muerte hasta el abuso sexual y los tormentos físicos. Al tomar conocimiento de este oscuro panorama, tomó intervención la Comisión Provincial por la Memoria.
Las víctimas, de entre 20 y 30 años, son en su mayoría del distrito de San Vicente, en tanto que una de ellas es oriunda de la ciudad de Brandsen. Encerradas las 24 horas en una celda de 3 x 4 con sólo dos camas de cemento y un baño que se tapaba de manera recurrente, se detalló a este medio que las mujeres sufrieron episodios de abuso sexual. En tanto, un joven que estaba en una celda contigua, recibió quemaduras en su cuerpo al lanzarle los efectivos policiales agua hirviendo a modo de “divertimento” durante la “celebración” del fin de año.
Al respecto, las detenidas mencionaron haber escuchado a principios de enero ruidos que confirman que el hombre fue golpeado y torturado con picana eléctrica. Luego, el detenido fue vestido con ropa íntima de las detenidas y abusado.
Asimismo, se detalló a Letra P las cinco mujeres, recibían permanentes amenazas que llevaron a la demora de meses en manifestar estas aberraciones a algunos familiares que las visitaban. “Tenían miedo de que las mataran”, narraron voces confiables.
Intervino la CPM. A partir de esta situación, y una vez que tomaron conocimiento de la misma, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) intervino “para garantizar un inmediato traslado y evitar la profundización del estado de vulneración”. De esta manera, días atrás los detenidos bajo estas condiciones fueron trasladados a la Alcaldía Nº3 de La Plata, interviniendo el Juzgado de Garantías Nº1 y la Fiscalía Nº 7 de la capital bonaerense a cargo de la Dra. Virginia Bravo.
“La gravedad de los hechos exige una contundente intervención judicial y de las autoridades del Ministerio de Seguridad Bonaerense, para salvaguardar la integridad de las víctimas e investigar a fondo las responsabilidades policiales en todas sus jerarquías”, resaltó el organismo encabezado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel para recalcar a su vez que “la denuncia no constituye un caso aislado, es un síntoma más de todo un sistema de encierro donde la tortura se ha constituido como práctica sistemática”.
Al detallar que las víctimas “dormían en el piso sobre colchones que sus familiares les habían traído” y que “no tenían acceso a cuidados médicos de ningún tipo ni recibían alimentos”, comiendo sólo lo que sus familiares le alcanzaban diariamente a la dependencia policial, la CPM detalló que las detenidas recibían “un hostigamiento permanente por su condición de mujer”: ‘están acá por putas’; ‘sus familias saben que son putas’, eran algunas de las frases que le espetaban los agentes, todos ellos hombres.
Un equipo del Comité contra la Tortura de la CPM inspeccionó en el lugar e intervino “para garantizar un rápido traslado que permita salvaguardar la integridad de las mujeres. Al ingresar a la celda donde permanecían detenidas, se percibió rápidamente un clima de hostigamiento y violencia que las obligaba a permanecer en silencio. Luego reconocieron estar amenazadas por los victimarios. Al momento de la entrevista, presentaban síntomas de estrés post traumático: episodios de llanto, temblores, imposibilidad de sostener la mirada”.
Horror de fin de año. Asimismo, desde la CPM comentaron que “entre los episodios narrados refirieron a la noche del 31 de diciembre, cuando varios agentes policiales ingresaron a la celda, les entregaron una sidra, las agredieron verbalmente y amedrentaron violentamente lo que motivó que salieran al patio. Con las detenidas allí, los agentes se subieron al techo enrejado y comenzaron a masturbarse mientras les gritaban ‘a ver a quien le cae este guascazo’”.
Y añadieron: “Esa misma madrugada alrededor de las 4 am, un agente comenzó a arrojarles petardos dentro de la celda y amenazarlas diciéndoles que les iban ‘a meter un tiro en el culo por putas’ y que iban a informar que ‘habían querido escaparse’. La secuencia de la noche entera las aterrorizó completamente. En otra ocasión, a una detenida la obligaron, mientras la golpeaban, a limpiar con una tapita de gaseosa una letrina colmada de excremento”.
Condiciones que se agravan. Bajo este escenario, la CPM remarcó que “desde la declaración de la emergencia de seguridad decretada por el ex gobernador Daniel Scioli en 2014, se ha ido incrementando la cantidad de personas detenidas en comisarias en condiciones agravadas por el estado de abandono de las dependencias policiales. Esto significó un grave retroceso en materia de derechos humanos, ya que desde el 2005, producto del denominado fallo Verbitsky, la Corte Suprema había prohibido las detenciones en comisarías”.
“La denuncia realizada por estas mujeres no da cuenta de un estado de excepcionalidad sino que se trata de un síntoma de un sistema cruel y perverso de encierro que se extiende en toda la Provincia, donde la tortura se ha enquistado como la más habitual de las prácticas por parte de los agentes policiales para el trato con las personas detenidas. La situación se agrava en este caso por la perspectiva de género en que se inscriben los abusos denunciados. Aunque esto no constituye una excepcionalidad”, puntualizó el organismo provincial.
