La gobernadora María Eugenia Vidal siente sobre sus espaldas el peso de conducir la compleja y áspera provincia de Buenos Aires. Porque, además de los lobbies que se ven (los de los gremios en las paritarias, por ejemplo) están los que operan en las sombras, o en forma subterránea. Uno de ellos es, se sabe, la corporación judicial, que cobija, a su vez, intereses enfrentados que pujan por beneficios incompatibles entre sí, o por preservar o incrementar las porciones de poder que detentan. En ese juego, el Tribunal de Casación Penal bonaerense podría conseguir con la nueva titular del Ejecutivo un viejo anhelo: la derogación de la ley 14.295, por la que la Legislatura había dispuesto descentralizar las salas de ese tribunal.
La Casación es, desde 1998, el máximo órgano de la justicia penal de la provincia de Buenos Aires. Desde su creación -por disposición de Eduardo Duhalde- es presidido por Federico Domínguez, actualmente procesado por el juez federal Ariel Lijo como partícipe del encubrimiento del atentado a la AMIA.
Por tener la última palabra en los asuntos criminales, ostenta un importante poder que lo convierte en una fuerza capaz de condicionar a los gobiernos de turno. La descentralización, por tanto, es un mal negocio para los integrantes de ese cuerpo.
El tribunal ha tenido publicidad siempre por sus escándalos, ya fuera por el atraso en sus resoluciones, que llegaron a demorar hasta nueve años, como por el propio tenor de sus sentencias. Se recuerdan, entre las últimas controversias, los fallos discriminatorios y misóginos que condujeron a las renuncias de los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargues.
Dos gobernadores impulsaron reformas que no tuvieron éxito. Por falta de apoyo político, en un caso, y por ausencia de la necesaria voluntad para hacer efectivas las modificaciones, en el otro.
En 2006, Felipe Solá propuso directamente la eliminación del tribunal y la devolución de la facultad de intervenir en las impugnaciones a las cámaras de Apelación y Garantías. La reforma fracasó: le faltó un voto en el Senado provincial.
Más tarde, Daniel Scioli intentó una salida intermedia para, al menos, licuarle el poder: le quitó la mitad de sus funciones al eliminar su intervención en los asuntos correccionales y dispuso su descentralización en salas con sedes en San Martín, Mercedes y Mar del Plata.
Pese a que se avanzó en los procesos tendientes a hacer operativas todas estas disposiciones, a que el Consejo de la Magistratura tomó los exámenes para calificar a los postulantes y a que se conformaron las ternas, el entonces gobernador se guardó los pliegos que debía -por la exigencia del artículo 175 de la Constitución Provincial- girar al Senado para su aprobación. O sea: la mandó al freezer.
Siempre se sospechó que la demora en el envío de los expedientes a la Legislatura fue producto de la fuerte presión ejercida por los integrantes del tribunal, lo cual quedó manifiestamente expuesto con el arribo a la Gobernación de la hasta entonces vice jefa del Gobierno porteño, que designó como ministro de Justicia al juez Carlos Mahiques, viejo integrante de la Casación. Bingo.
Fuentes de los tribunales platenses cuentan que esa designación generó festejos entre los viejos camaradas de Mahiques, en particular de Fernando “Pipi“ Mancini, que se entusiasmó con una solución definitiva al problema: la derogación de la ley de descentralización del tribunal.
Esas mismas fuentes sostienen que, mientras tanto, están vigentes todas las razones que motivaron la descentralización y recuerdan que numerosos juristas de prestigio se sometieron a concurso para integrar las salas y, tres años después, siguen esperando una decisión para ser designados. Y advierten que, si cediera a las presiones, Vidal podría tachar un problema inmediato de su agenda, pero se quedaría con una bomba de tiempo en sus manos: “El próximo escándalo de estos señores está siempre a la vuelta de la esquina”, avisan.
