Tras detectar la imposibilidad de frenar la devolución del 15% a las provincias a través del Congreso y por la vía del decreto, el presidente, Mauricio Macri, decidió dar un volantazo y cambiar la estrategia. Desde Corrientes anunció que el Gobierno buscará avanzar con un plan de reintegro a mediano y largo plazo y negociando directamente con los gobernadores, lo que, de concretarse, tornaría abstracto el DNU que anulaba ese reintegro y que este martes tampoco consiguió atravesar los límites que entre el kirchnerismo y el massismo le impusieron en la comisión bicameral de Trámite Legislativo.
Con el DNU 73/16, Macri intentaba derogar el DNU 2635/15, que firmó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esa disposición hacía extensiva a todas las provincias la devolución del 15% de coparticipación retenida que la Corte Suprema había fallado a favor de Córdoba, Santa Fe y San Luis. Pero el debate sobre esa resolución del jefe de Estado se postergó para este jueves a las 18. A ese acuerdo llegaron en la bicameral responsable de analizar los decretos del Poder Ejecutivo, tras una reunión sobrecargada de chicanas entre el oficialismo y los legisladores del Frente para la Victoria (FPV).
La postergación se debe a una sola razón: ni el diputado del Frente Renovador (FR), Raúl Pérez, ni el senador del Peronismo Federal, Adolfo Rodríguez Saá, estaban dispuestos a poner su firma en el dictamen que impulsaban los seis miembros que Cambiemos tiene en el cuerpo especial, lo que impedía emitir un dictamen de mayoría para enviar luego a ambas cámaras. Pero lo más importante es que, cuando esos dictámenes llegasen al recinto, el massismo y los bloques peronistas no kirchneristas iban a votar en contra del DNU 73/16. Esto provocaría inmediatamente su derogación y dejaría vigente el DNU de Cristina, que no sólo implicaría dejar de retener el 15% de masa coparticipable a las provincias sino el pago de las retenciones hechas durante el período 2006-2015, ya que el fallo de la Corte que la ex jefa de Estado amplió a todos los distritos tenía efecto retroactivo a esa fecha. Un cálculo estimado en 230 mil millones de pesos.
En el macrismo, igualmente, confían en que, incluso cayéndose el DNU firmado por el Presidente, el Ejecutivo tampoco debería iniciar la devolución inmediata a las provincias del 15% de la coparticipación ni el pago del retroactivo.
Fuentes del bloque PRO explicaron a Letra P que el DNU que firmó Cristina antes de dejar el poder está bloqueado por una medida cautelar dictada por la jueza federal Liliana Heiland, el 9 de diciembre pasado. Y además esperan que, en caso de que ese decreto en algún momento quede firme y aplicable, los tribunales se llenen de pedidos de amparos que impidan ejecutarlo.
Estrategia. "Si acordamos ese 15 por ciento de un día para el otro, el déficit fiscal aumentaría en más del 20 por ciento. Y eso es imposible", señaló Macri en tierras correntinas. Y contó que le pidió al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que acuerde con los gobernadores "la forma en que se restablezca en el tiempo y que los primeros efectos se vean en 2016". Esos “primeros efectos” podían ser obras de infraestructura y la ampliación de algunos planes sociales, pero todo será más claro cuando se inicie la negociación con las provincias.
“Tal cual está es imposible de acompañar”, dijo el massista Pérez antes de arrancar la reunión de la bicameral. Luego, agregó que “si el jueves no se presenta una propuesta superadora, firmamos por el rechazo”, pero que en cambio darían su aval al decreto de Macri si esa propuesta “superadora” se da a conocer durante las próximas 48 horas.
El diputado radical Mario Negri, jefe del interbloque Cambiemos, también comentó, en diálogo con la prensa tras el cónclave parlamentario, que desde el Ejecutivo les habían informado de la decisión de renunciar al camino del Congreso y arrancar una serie de contactos directos con los gobernadores.
La decisión de Macri de transformar en abstracta la discusión parlamentaria y buscar una salida negociada en diálogo directo con los mandatarios provinciales tiene un doble efecto. Por un lado, al encontrarse con la negativa del massismo a acompañar en el Congreso el DNU, el Presidente corría el riesgo de posicionar a Sergio Massa como el defensor de los intereses provinciales e interlocutor válido entre la liga de gobernadores “dialoguistas” y el Gobierno nacional. Al sacar la disputa del ámbito parlamentario y llevarla al terreno de la negociación directa con las provincias, el rol de Massa se diluye: ya no lo necesita Cambiemos para sumar sus votos en el Congreso ni los gobernadores para negociar con la Casa Rosada.
Pero por otro lado, permitirá a Macri abrir una ronda de acuerdos con las provincias en cuya mesa ampliada podrían surgir otros asuntos clave. El más importante es que el oficialismo necesita los votos de los diputados y los senadores que responden a los gobernadores cuando el Ejecutivo mande el Congreso el proyecto para derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, avance que los negociadores del Gobierno nacional se comprometieron a cumplir ante el juez de Nueva York Thomas Griesa a cambio de que el magistrado levante la cautelar que pesa sobre la Argentina y permita retomar la cadena de pagos con los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010.
Con esas dos leyes anuladas, además, ya no habrá trabas legales para ofrecerles a los fondos buitre y los holdouts mejores condiciones de pago que las que aceptaron los bonistas que cambiaron sus papeles en las dos aperturas de canje.
