Concejales de la oposición de Tres Arroyos repasaron los distintos cuestionamientos que hicieron a la designación de Ricardo Magrath como titular de la secretaría de Seguridad, cargo que abandonó tras su vinculación con la presentación de documentación apócrifa que habría beneficiado a postulantes de la Policía Local. Si bien resaltaron que no se pronunciarán sobre la investigación para no politizarla, refirieron a la incompatibilidad de su función por ser proveedor del Estado, la reforma de una ordenanza para mantenerlo en su sillón y las problemáticas de inseguridad que terminaron con la remoción de la cúpula de la Policía.
En las últimas horas el intendente de Tres Arroyos, Carlos Sánchez, se refirió a la renuncia de Magrath. Si bien Letra P intentó comunicarse con él en reiteradas ocasiones, no fue posible. Ante medios locales consideró que la investigación judicial y la vinculación del ahora ex funcionario responde a “una operación mediática y partidista de un medio de prensa escrita local que ha tomado tintes de partido político”. En esa línea consideró: “No tengo ninguna duda que es una jugada política pero nosotros lo vamos a zanjar, vamos a seguir trabajando como estamos trabajando por la gente”, sostuvo.
La designación de Ricardo Magrath como secretario de Seguridad causó un gran revuelo, puesto que se trata de un ex comisario exonerado en 2005 por denuncias de torturas y vínculos con el juego y la prostitución. Sin embargo, desde la oposición agregaron observaciones a este nombramiento.
El concejal Martín Garrido, integrante del bloque Frente para la Victoria, manifestó a este portal que su “posición frente a las denuncias por los títulos siempre fue la de dejar actuar a la justicia porque no queríamos que la cuestión se politizara, lo hablamos con otros bloques y coincidimos en que no se iban a hacer presentaciones para que sea la justicia quien determinara qué había sucedido”
El edil recordó que ante la designación de Magrath al frente de la secretaría de Seguridad, su espacio político lo impugnó porque el ahora ex funcionario “era proveedor del Estado”. “Él tenía una empresa de seguridad privada y era contratada por el municipio”, manifestó y agregó: “En su momento hubo una denuncia ante el Tribunal de Cuentas y después se modificó la ordenanza de Ética Pública para permitir que Magrath pudiera seguir siendo proveedor. La modificación fue hecha por mayoría absoluta del Movimiento Vecinal que tenía diez concejales sobre dieciocho”, detalló el edil.
Sergio Soule, presidente del bloque del Frente Renovador, detalló que su “bloque fue el que aportó material a la causa". "Entregamos el material recibido en sobre cerrado, que contenía fotocopias de los analíticos que se están investigando”, explicó ante la consulta de este portal e indicó que ahora están “esperando que la justicia haga lo que tenga que hacer. Nosotros hicimos lo que corresponde como funcionarios: entregamos los documentos a la justicia”
Además, el massista recordó las problemáticas que se han desarrollado en ese distrito alrededor de la inseguridad y la decisión de la Auditoría General de Asuntos Internos de la Provincia de desplazar a la cúpula policial tras la denuncia de "zonas liberadas" para delincuentes.
En septiembre pasado el Ministerio de Seguridad desafectó al comisario mayor Walter Caballero, a cargo de la Jefatura Departamental; al comisario inspector Miguel Hernán Aranzábal, jefe de la Policía Comunal y al subcomisario Ariel Morales, titular de la Estación de Policía. También, el oficial inspector Andrés Auzmendi y el teniente Claudio Román Mercado, que son investigados por irregularidades por la Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Mercado es investigado por la fiscal Verónica Vidal tras el hallazgo en un patrullero de 2.500 dólares, 50.000 pesos, una manopla de autodefensa y un arma de fuego, entre otros elementos.
En tanto, el representante de Cambiemos en el deliberativo local, Horacio Espeluse, descartó que la denuncia forme parte de una operación política, tal como lo argumentó el jefe comunal. “Consideramos que no se trata de un operación política, sino de hechos concretos que están siendo investigados por la justicia y deberá ser la justicia quien determine su avance, así como la responsabilidad que tiene el intendente porque en los audios se da entender que estaba al tanto de la situación”
En línea con sus pares de otras bancadas, indicó que también han hecho observaciones por distintos hechos que hacen a la seguridad de Tres Arroyos. Mencionó que recientemente enviaron un Informe de Resolución a la cartera que encabeza Cristina Ritondo para que informe sobre las empresas que prestan servicio de seguridad privada, ante la presencia de vigiladores que no estarían registrados.
