Pocas horas antes del tratamiento en comisión del proyecto que envió el Ejecutivo para reformar el Ministerio Público Fiscal, y limitar el tiempo de mandato de la Procuradora Alejandra Gils Carbó, un grupo de jueces y fiscales elaboró un documento con las principales falencias del texto que van más allá del afán del Gobierno de sacar a la funcionaria. El avance del proyecto, y su tratamiento en comisión, forma parte de una de las asignaturas pendientes de la Casa Rosada desde principios de las sesiones ordinarias de este año.
Según confiaron fuentes tribunalicias a Letra P, “la forma en que Cambiemos está avanzando con el proyecto es preocupante, porque ni siquiera citaron al fiscal federal de Comodoro Py, Carlos Rivolo, que es el flamante presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN)”, explicaron.
Entre los puntos del documento que circula en varios despachos de tribunales y que está en manos de distintos diputados y senadores nacionales, el proyecto de reforma no incluye al Ministerio Público de la Defensa, anula el traslado de los fiscales asignados a jurisdicciones distintas a la original, abre la puerta para remover a todos los titulares de las procuradurías que designó Gils Carbó, promueve el traslado de distintos funcionarios en el área metropolitana y permite la intervención del Gobierno en los jurados para designar fiscales, para establecer la política criminal de un organismo ajeno al Ejecutivo y crea una procuración especial para terrorismo que implicará, según los redactores del documento, la anulación de la UFI AMIA y la criminalización de la protesta social.
Estos son los 12 puntos consensuados por distintos fiscales y jueces, que por ahora optaron por el anonimato, para advertir las falencias del proyecto:
Tratamiento desigual de leyes orgánicas del Ministerio Público: sólo se impulsa la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y no la del Ministerio Público de la Defensa. Ello muestra la animosidad que inspira esta reforma, dirigida claramente contra la gestión de la actual Procuradora General.
Traslado de magistrados: anulación de los traslados de todos los fiscales asignados a jurisdicciones diferentes a las de su designación original y retorno dentro de las 48 hs. La anulación no tiene limitaciones temporales, en consecuencia, comprende todos los traslados realizados desde los orígenes del MPF hasta la actualidad, afectando derechos adquiridos.
Revisión de la continuidad en el cargo de todos los actuales titulares de procuradurías, unidades especializadas y direcciones generales, sin límite temporal. La Comisión Bicameral evaluará discrecionalmente cada caso, pudiendo aprobar o rechazar las designaciones efectuadas por los distintos Procuradores Generales hasta el momento.
Exclusión de los actuales titulares de procuradurías y unidades especializadas que no tengan 5 años de antigüedad en el cargo de fiscal o fiscal general. Esto implica, en la práctica, el cese en sus funciones de casi la totalidad de los actuales magistrados a cargo de esas procuradurías y unidades especializadas (p. ej, Marcelo Colombo de Protex, Pablo Parenti de la Unidad de Apropiación de Niños, Santiago Marquevich de la Unidad de Secuestros Extorsivos, etc).
Traslado de empleados y funcionarios fuera de su lugar de trabajo: se faculta el traslado sin consentimiento de empleados y funcionarios dentro de la región llamada AMBA (área metropolitana de Buenos Aires), en clara afectación de los derechos adquiridos de los trabajadores.
Intervención directa del Procurador General de la Nación en la dirección de las causas más relevantes: Se faculta al Procurador General de la Nación a sustraer la investigación de casos en trámite ante las fiscalías para asignarlas a procuradurías, argumentando circunstancias excepcionales (gravedad, complejidad del caso, etc).
Remoción del Procurador General de la Nación sin juicio político: se prevé la acusación por una mayoría simple de los miembros presentes de la Cámara de Diputados (menos de la mitad de sus miembros). Ello implica apartarse de los mecanismos constitucionales correspondientes, debilitando la independencia y autonomía de la institución.
Limitación del mandato del Procurador General a cinco años: La modificación en si misma afecta la autonomía e independencia del MPF y reduce la posibilidad de llevar a cabo una planificación y ejecución seria de la política del organismo. Asimismo, ese plazo evidencia que la reforma se encuentra dirigida contra la actual gestión. Nótese que el proyecto original del Ejecutivo preveía un mandato de 4 años, que se habría cumplido en agosto con relación a la Procuradora en funciones.
Intervención del Poder Ejecutivo como jurado en los concursos para fiscales: El proyecto prevé que uno de los tres jurados de los concursos sea un representante del Ministerio de Justicia, lo cual implica una clara invasión del Poder Ejecutivo sobre competencias propias del organismo. A ese representante del Poder Ejecutivo no se le exige requisito alguno de idoneidad técnica para integrar el jurado.
Intervención del Poder Ejecutivo en la fijación de la política criminal del organismo: Se prevé que el Consejo de Seguridad Interior (integrado por los ministerios del Poder Ejecutivo que manejan las fuerzas de seguridad) determine los lineamientos de la política de persecución penal del MPF, conjuntamente con el Procurador General (al tratar las competencias de las procuradurías, art. 24, inc. c).
Intervención de la Comisión Bicameral en cuestiones fundamentales de gobierno del organismo: entre ellas, designaciones de fiscales y titulares de área, traslados, subrogaciones y creación de estructuras.
Peligrosa incorporación de una procuraduría especializada en terrorismo: En el contexto actual, junto a la supresión de la procuraduría de defensa de la Constitución Nacional, podría resultar un campo fértil para el desvío de las investigaciones y la persecución penal de pueblos originarios, organizaciones sociales, sindicales, etc., así como la disolución de la Unidad AMIA.
