Durante el encuentro realizado en la sede de la cartera laboral bonaerense entre el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, representantes gremiales e intendentes, se produjo un acercamiento de posiciones a partir de la decisión del Ejecutivo provincial de sostener la ley 14.656 de Paritarias Municipales (que días atrás la gobernadora María Eugenia Vidal había suspendido por decreto por 180 días).
De todos modos, la marcha atrás no fue completa ya que la suspensión por el mencionado período de tiempo persistirá sobre la sección tercera de la normativa que, entre otras cuestiones, contempla las licencias y los pases a planta permanente. Mientras tanto, en la Legislatura se abordará esta modificación del decreto (suavizándolo) a la vez que, en 45 días, se conformará la Comisión de Empleo Municipal (estipulada por la Ley) como espacio para darle continuidad a la discusión y realizar el monitoreo de la aplicación de la norma.
Así, durante el cónclave se buscó un punto intermedio que calme el hondo malestar de los trabajadores municipales y, por otro lado, responda a ciertas exigencias de intendentes que ven en amenaza las arcas de sus comunas ante algunos aspectos contemplados en este régimen de negociación.
Sin embargo, los contrapuntos entre los dirigentes gremiales y jefes comunales persisten bajo este nuevo escenario.
El daño. En declaraciones a Letra P, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, se manifestó “a favor de las paritarias, me parece una herramienta necesaria para los trabajadores”.
No obstante, no dejó de señalar “algunos problemas” como el suscitado durante el proceso de transición en su Municipio, cuando el saliente alcalde Raúl Othacehé “utilizó la ley para meter por la ventana” a miles de personas en planta permanente.
En este sentido, Menéndez resaltó que el Municipio de Merlo pasó de 24 años con trabajadores precarizados a 3000 personas en planta permanente: “Se metió por la ventana el aparato político del intendente anterior”, denunció para insistir sobre la Ley de Paritarias: “Se ha utilizado esta herramienta buena para hacer daño”. Así desmenuzó algunos datos de la “herencia” como 23 secretarías, 97 subsecretarias y 450 direcciones.
Por tal razón, el alcalde adelantó que desde Merlo “estamos trabajando en un proyecto de ley de transición responsable a presentar en abril con el inicio de las sesiones ordinarias”. En tanto, sobre la futura conformación de la Comisión de Empleo Municipal, estimó que “viene por delante una discusión”, insistiendo en que “reivindico las paritarias” pero apeló a cuidarse de casos como el de Merlo donde “se afectó” al erario municipal.
En desacuerdo. Por su parte, el impulsor de la Ley 14.656, el diputado provincial por el FpV y miembro de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fe.Si.Mu.Bo), Hernán Doval, recalcó que “no estoy de acuerdo con que se suspenda el régimen supletorio (la sección tercera de la normativa)” pero “me pone contento que la ley siga vigente”.
En este sentido, y al defender la sección suspendida de la normativa, la cual consideró “de avanzada”, Doval señaló que la misma no afecta al erario municipal. De todas maneras, consideró que las partes que se mantienen en vigencia “son las que garantizan la estabilidad, salario mínimo, vital y móvil, y paritarias, son el núcleo fundamental del espíritu de la ley”.
En tal sentido, pidió “armar rápidamente el Consejo de Empleo municipal para hacer un seguimiento sobre reglamentación y paritaria en distrito”. Consultado sobre si la suspensión por 180 días de la sección tercera surgió a partir de un pedido de los intendentes, Doval expresó: “No se ha planteado específicamente así pero se ha dado a entender que podría ser por esto”.
Más allá de esto, el diputado y gremialista subrayó que existen “casi 15 convenios colectivos firmados en la provincia. Es la herramienta para resolver problemas laborales, el hecho de que siga vigente la ley era para nosotros importante”.
En contraste con lo planteado por Menéndez, el legislador consideró que “es falso” que la ley habilite a realizar maniobras que atenten contra el erario municipal, ya que el régimen supletorio abarca el tema de las licencias, aunque también establece un piso de 80 por ciento de los trabajadores municipales en planta permanente.
Al citar no sólo la situación planteada en Merlo sino también en municipios como Malvinas Argentinas, Doval estimó que, a pesar de ser elevados cientos de trabajadores a planta permanente en los últimos días de las gestiones previas, se trata en varios casos de empleados con una considerable cantidad de años ejerciendo funciones en la administración municipal en condiciones precarias y que son precisamente éstas últimas las que alimentan el aparato político de un intendente y no la estabilidad laboral: “La precarización tiende al clientelismo político”, subrayó.
