Judiciales

Juicio de Once: duelo de fiscales pone en riesgo todo el proceso judicial

Tensión por la aparición de una fiscal enfrentada con el kirchnerismo. Se espera una catarata de planteos de nulidad. El rol de la procuradora Gils Carbó. Las pericias lo comprometen cada vez más al motorman. Similitudes y el antecedente del caso Castelar que preocupa a los gremios ferroviarios. Los testigos falsos en un expediente caliente.

El clima está enrarecido en las audiencias del juicio oral que se realiza en los tribunales federales de Comodoro Py por el accidente ferroviario producido en la estación Once en febrero de 2012. Desde hace varias semanas tiene lugar una pelea subterránea entre los jueces, abogados y los representantes del Ministerio Público Fiscal.

 

El Tribunal Oral Federal número 2 está integrado por los jueces Jorge Tassara, Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D'Alessio, esta última en calidad de jueza sustituta. El proceso se encuentra en etapa de declaraciones testimoniales y está previsto que declaren aún alrededor de 80 testigos más.

 

El juicio oral inició con el fiscal Fernando Arrigo como representante del Ministerio Público Fiscal, pero hace casi dos meses Arrigo pidió una licencia por cuestiones de salud y su lugar fue cubierto, durante varias audiencias, por la fiscal Estela Fabiana León y por el fiscal Juan Patricio García Elorrio que desarrolló tareas como Coordinador de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción.

 

No es algo menor y por eso los jueces del TOF Nº 2 están preocupados. Arrigo había presenciado todas las audiencias y seguía el debate en forma puntillosa, en cambio León es una recién llegada que desliza que ella puede tener toda la información necesaria a partir de los documentos del juicio y de las grabaciones de las audiencias. Conclusión: los integrantes del Tribunal ya descuentan que podría haber una batería de nulidades por parte de las defensas que pondrán en jaque todo el proceso.

 

En el juicio emerge además parte de la polémica actual sobre la reforma Procesal Penal porque León está allí por decisión exclusiva de la procuradora Alejandra Gils Carbó. En el propio kirchnerismo se cuestiona la cantidad de atribuciones que ha recibido la procuradora con la reforma, entre ellas, poder mover solo con su firma a los fiscales de juicio.

 

El problema de los fiscales del juicio Once no es nuevo. Durante 2014 Arrigo fue promovido para un cargo superior en el interior pero finalmente continuó como acusador en el proceso. Ya en ese entonces León quería ir al juicio. Algo cambió, todavía en 2014 León no había sido fustigada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Cadena Nacional.

 

En la apertura de la Asamblea Legislativa de este año, la Presidenta identificó a la fiscal entre las promotoras de la marcha del 18F por la memoria de Alberto Nisman y señaló que replicaba en las redes sociales los comentarios del fiscal Ricardo Sáenz. A ambos los vinculó al llamado “partido judicial”. 

 

Poco importó que León esté en pareja con Hernán Ordiales, ex representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Pero en realidad esa es la clave: Ordiales llegó a ese cargo en la época en la cual el operador Javier Fernández se llevaba bien con el kirchnerismo y visitaba Olivos dos veces por semanas. La ruptura del kirchnerismo con Fernández alcanzó a Ordiales (a quien ni le dejaron un puesto de asesor en el Consejo) y finalmente a León.

 

Fuera de estas internas del poder, el juicio oral sigue la marcha prevista. En las últimas semanas todos los peritos que participaron de las pericias mecánicas al tren ratificaron los dos informes periciales (el que ordenó en su momento el juzgado de instrucción a cargo del juez Claudio Bonadío y el encargado por el TOF N°2) y coincidieron en señalar que no había fallas en el sistema de frenos del tren y que los frenos no fueron accionados por el motorman Marcos Córdoba. Incluso el perito oficial Juan Brito señaló en su última audiencia que Córdoba “no hizo nada después de aplicar freno de servicio y fue inoperante para aplicar el freno de emergencia”. Por eso, la situación del motorman está cada vez más comprometida.

 

En tal sentido, la semana pasada el motorman Daniel López, conocido como el motorman de la tragedia de Castelar, fue condenado por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de San Martín a cuatro años y tres meses de prisión al ser considerado culpable por el choque de trenes de la UGOMS ocurrido en 2013 en Castelar, donde 3 personas murieron y más de 300 resultaron heridas.

 

El Tribunal integrado por los jueces Daniel Cisneros, Daniel Petrone y Diego Leif Guardia condenó a López por el delito de estrago culposo agravado por muerte y lesiones, y lo inhabilitó para conducir trenes durante diez años. El 27 de mayo está prevista la difusión de los fundamentos de la sentencia.

 

"Esta condena es un antecedente para el juicio por la tragedia de Once, porque queda en claro que los motorman no son santos", anticipó el abogado querellante Gregorio Dalbón. El fallo también ordenó investigar a tres sindicalistas de la Línea Sarmiento por haber caído en el delito de falso testimonio en el curso del juicio. Esta misma situación con sindicalistas que brindaron falso testimonio ocurrió en el juicio de Once.

 

El abogado querellante, quien tiene el mismo rol en el juicio de Once, aseguró que el fallo habilita a "investigar aparte en una causa a los gremialistas" de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad para conocer si existió algún tipo de intencionalidad en los tres accidentes que se produjeron con trenes de la Línea Sarmiento en los últimos años.

 

Según reveló el periodista Hugo Alconada Mon en una nota publicada en La Nación, existe un expediente que se encuentra en manos del juez federal Sergio Torres en el que duerme una larga lista de potenciales escándalos, entre ellos, testigos falsos en el juicio por el accidente de Once.

 

Ese expediente incluye 82 carpetas con 16.400 fojas de transcripciones telefónicas. Tras revisar ese material, el fiscal federal Federico Delgado (curiosamente también fue el fiscal de la instrucción de la causa Once) recomendó al juez que informe de inmediato sobre esos hallazgos al Congreso y a la Casa Rosada para que evalúen qué hacer. También le planteó al juez que extraiga testimonios para que otros jueces investiguen y determinen si se cometieron delitos.

 

Por el accidente de Once, se encuentra imputado el motorman Marcos Córdoba por el delito de descarrilamiento culposo (art. 196), con pena de 1 a 5 años de prisión, junto a otras 28 personas, entre ellas los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el ex interventor de la CNRT Eduardo Sícaro, el ex Subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna y los directivos del grupo empresario que tenía la concesión del ferrocarril Sarmiento.  

 

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