Política

Apuntan al Gobierno porteño por la falta de acciones en talleres clandestinos

Luego del trágico hecho que se produjo el lunes en un establecimiento ubicado en el barrio porteño de Flores, que destapó la mafia de talleres clandestinos, funcionarios de distintos sectores salieron a reclamar por el control y pusieron el acento en la administración de Mauricio Macri.

El taller de la calle Páez sufrió un incendio y como consecuencia dos chicos de siete y diez años murieron en el subsuelo, mientras que sus padres, un hombre de 45 años y una mujer de 41, fueron derivados al Hospital Álvarez por asfixia por aspiración de humo.

 

Según el relato de vecinos, la casa había sido tomada hace siete u ocho años y era utilizada por una familia de nacionalidad boliviana como taller clandestino para confeccionar vestimenta.

 

También declararon que existen una decena de propiedades emplazadas en un radio de pocas cuadras, sin que las autoridades intervengan para erradicarlas.

 

El legislador porteño Gustavo Vera, manifestó sus sospechas sobre una posible connivencia policial en el funcionamiento de los talleres textiles clandestinos. "La comisaría 50 de la Policía Federal está sospechada y no me extraña que hagan la vista gorda en cuanto a los talleres porque son fuente de recaudación", sostuvo el legislador.

 

Vera dijo que el Estado tendría que intervenir en alguna de sus formas en esos talleres, sin necesidad de ser denunciados, porque pueden ser detectados a simple vista.

 

"Con la fachada externa alcanza para darse cuenta que es obvio que son talleres. Las ventanas tapiadas, un paredón con una puerta herméticamente cerrada y una ventanita abierta del sótano", dijo en declaraciones a la radio América.

 

"Esto es la crónica de una tragedia perfectamente evitable si hubiera intervenido a tiempo la Justicia o el Gobierno de la Ciudad", sostuvo Vera y recordó que se realizó una denuncia en septiembre de 2014 en torno a unos 30 talleres clandestinos, entre los que se encontraba el siniestrado, ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Marcelo Colombo.

 

También recordó que desde ese organismo nacional tendrían que haber informado tanto al Ministerio de Seguridad de la Nación como a la Ciudad de Buenos Aires.

 

Desde la ONG La Alameda, que entre otros temas trabaja en torno a la problemática del trabajo esclavo en los barrios de Flores, Floresta y Parque Avellaneda, estima que en toda la Capital, especialmente en los barrios del Sur y del Oeste, funcionarían unos 3000 establecimientos textiles clandestinos.

 

Por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, criticó al Gobierno porteño por la "desidia y la falta de controles y el ejercicio del poder de policía”.

 

"Yo me pregunto y le pregunto (a los medios) por qué no hablan de los pibitos que murieron en un taller clandestino y que la ONG La Alameda lo había denunciado con tiempo y que nadie se hace cargo de esta terrible situación", subrayó.

 

El ministro destacó que la tragedia ocurrió por “la falta de interés en el ejercicio del control del poder de policía por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (que) dio por muerto a dos pibitos".

 

"Lo mismo ocurrió con Iron Mountain con la tragedia de bomberos voluntarios muertos y los mismo ocurrió con el boliche Beara", relacionó. “¿Cuántas cosas tienen que pasar para que se pongan la ropa de gobernantes serios y que lleven adelante el servicio de poder de policía para cuidar la vida de las personas?", preguntó Fernández.

 

El nuevo caso trajo el recuerdo de un drama similar ocurrido el 30 de marzo de 2006 cuando también se incendió un inmueble en el que funcionaba un taller textil clandestino, en Caballito. Esa vez murieron una pareja y cuatro chicos, todos bolivianos.

 

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