“La decisión de proceder al cierre inmediato del sumario, sin realizar ninguna de las medidas que habían sido propuestas en el requerimiento de instrucción, impide contar con información esencial”, escribió el funcionario del Ministerio Público en su recurso, de 35 páginas.
Para Gerardo Pollicita, “resulta prudente y razonable abrir la investigación propuesta por esta Fiscalía para luego poder tomar una decisión sobre el fondo del asunto con la información necesaria a tales fines”.
El fiscal dijo que “una hipótesis criminal de inusitada gravedad y trascendencia institucional, como la presentada por el Dr. Nisman, demanda la realización de todos los esfuerzos posibles para intentar alcanzar la verdad real de lo sucedido”.
Cuando ello ocurra, “se podrá transmitir a la sociedad el mensaje de que las instancias judiciales intervinientes en el caso agotaron todos los recursos y herramientas disponibles para que su resolución lo sea con la mayor claridad, transparencia y equidad posibles”, aclaró.
Sobre la polémica en torno a la caída o no de las alertas rojas contra iraníes acusados del atentado terrorista a la AMIA, Pollicita propuso que “la investigación deberá centrarse en determinar si efectivamente la Secretaría General de Interpol se encontraba facultada -sin conformidad externa- para anular las notificaciones en cuestión”, según consignó la agencia DyN.
Pollicita está “convencido de que en beneficio de los que aparecen mencionados en la denuncia”, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y otros, por lo que “corresponde investigar la existencia de los hechos y sus antecedentes”.
“Sólo contando con los antecedentes que proporcionará una correcta investigación -llevada a cabo dentro de un proceso criminal legalmente tramitado con intervención de las partes- corresponderá decidir si es viable una imputación o si debe disponerse en cambio una desvinculación definitiva”, concluyó.
La semana pasada, el juez Daniel Rafecas desestimó el requerimiento que había hecho Pollicita en base a la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta, Timerman y otros acusados de encubrimiento de los iraníes imputados del atentado a la AMIA.
Rafecas deberá decidir si hace lugar a la apelación y de ser así terminará en manos de la Cámara Federal porteña.