La pelea de poderes, entre el Ejecutivo y un sector de la Justicia, tiene su ramificación en el Parlamento provincial. Es un hecho que el kirchnerismo puro, al igual que en otras oportunidades, va a reproducir esta confrontación, que tiene a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, como principal crítica.
El 19 de febrero pasado, la Corte Suprema, con un escueto fallo, dio por tierra el pedido de los ex combatientes de Malvinas, que requerían se investiguen los casos de torturas por parte de las fuerzas extranjeras, durante la guerra de Malvinas.
“Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable (art. 14 de la ley 48). Por ello, se la desestima”, indicaba el dictamen de la Corte.
En su discurso ante la Asamblea Legislativa nacional, Cristina repudio este fallo y les recomendó a los ex combatientes apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En esta sintonía se expresaron los diputados, Fernanda Raverta (titular de la Comisión de Derechos Humanos), Miguel Funes y Rocío Giaconne, autores del proyecto de declaración de repudio contra la Corte por este fallo. La presentación estuvo respaldada por los integrantes del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM).
“Nos llama la atención este fallo de la Corte que parece de otro país. Pero cuando uno analiza el comportamiento de una parte de la justicia, vemos que tiene un relato en el comportamiento de este sector judicial, en cuanto a su complicidad con todas las desapariciones y torturas realizadas en el continente”, afirmó Funes a Letra P. Además, remarcó que “nosotros tenemos la obligación de seguir la línea de la presidenta, que se ha definido como una malvinera”.
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