- Temas del día
- Javier Milei
- Toto Caputo
- Ficha limpia
- Santa Fe
- Inflación
Mientras el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, anunciaba este martes en conferencia de prensa no sentirse “cómodo” con el proyecto de reforma de la SI diseñado por el oficialismo nacional, un juez porteño firmaba una resolución obligándolo a “garantizar” el servicio de agua potable a un grupo de vecinos del barrio de Villa Soldati.
El juez de feria del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Marcelo López Alfonsín dio lugar a la denuncia de vecinos del asentamiento La Esperanza que reclamaban desde hace siete días por la escasez y la calidad del agua entregada por el Gobierno de Macri.
Por las altas temperaturas y ante la falta de servicio de agua potable, el jueves 22 de enero los vecinos de ese asentamiento carenciado cortaron la Autopista Cámpora (AU 7), que está pegada al barrio. Además, ese reclamo se dio producto de que el Gobierno porteño les entregó a las familias baldes de agua contaminada; los vecinos lo entendieron como una burla y decidieron cortar la autopista lindera que une Flores y Villa Soldati.
A todo esto, luego de enviar agua en mal estado, el Ejecutivo porteño solicitó una “prórroga” para poder abastecer de agua potable a los vecinos de uno de los barrios más humildes de la Capital Federal pero la Justicia se lo negó.
Alfonsín ordenó comenzar con el abastecimiento en un plazo perentorio de 24 horas e indicó que “hasta tanto ofrezca alternativas para asegurar la normal prestación del servicio, el Gobierno porteño deberá proveer agua potable diariamente y en cantidades suficientes a las 500 habitantes del barrio”.
Entre otras consideraciones, el magistrado evaluó que el agua es un derecho humano y “un elemento esencial y de primera necesidad para la vida humana y es un elemento vital –en el sentido más literal del término– pues sin ella la vida humana resulta inviable”.
Por otra parte, el Gobierno porteño “deberá informar en la causa día, hora y lugar del comienzo del suministro a fin de que el tribunal se constituya en el sitio a fin de verificar las condiciones y modalidades del cumplimiento de lo ordenado”.
A su vez, López Alfonsín estableció la imposición de astreintes en caso de incumplimiento, que recae sobre “la persona de la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y/o quien la reemplace legalmente” por una suma de 50 mil pesos diarios.