La jueza Sandra Arroyo Salgado declaró durante ocho horas ante la fiscal Viviana Fein. Tal duración trasciende los elementos relacionados con la personalidad del fiscal Alberto Nisman: existía un intercambio permanente de personal entre el Juzgado Federal Número 1 de San Isidro y la Unidad Fiscal para el caso AMIA que manejaba su ex esposo. Uno de los tantos “recursos” que habría desempeñado funciones en ambas locaciones sería nada menos que Diego Lagomarsino, quien le facilitó el revólver a Nisman en las horas previas a la muerte que sacudió al país.
Consultada sobre el final de su matrimonio con el fiscal, la jueza habría señalado como motivo la constante dedicación de Nisman a su fiscalía así como el tiempo dedicado a la “rosca política”, una pasión que ambos compartían. A partir de ahora, la jueza actuará como querellante en el expediente en representación de las hijas del fiscal. Todavía resta por conocerse el abogado que la patrocinará.
Arroyo Salgado quedó en una posición incómoda por el divorcio entre el kirchnerismo y la Secretaria de Inteligencia. La primera señal de ese quiebre proviene de la AFIP, porque Ricardo Echegaray está cada vez más interesado en la causa que la jueza instruye sobre supuesta evasión y que protagoniza el magnate Enrique Blaksley Señorans, dueño de Hope Found, firma que maneja desde la imagen de Lionel Messi hasta el equipo de polo La Dolfina.
En la City no ha caído bien el nuevo alto perfil que Blaksley busca construir cada vez más fotografiado con celebrities, ricos y famosos. Algunos ya lo comparan al titular del HSBC en Argentina Gabriel Martino, quien este enero no se deja ver en las fiestas de las playas esteñas.
Echegaray suscribe la versión por ahora no confirmada de que existiría un vínculo entre Arroyo Salgado y Brlaksley. La jueza le habría facilitado información sobre el expediente en su contra. Por eso, en la AFIP observan con gran dedicación los recientes gastos de la jueza en sus últimos viajes por Europa, donde algunas actividades son propias de millonarios más que de funcionarios públicos.
Arroyo Salgado está apuntada desde la Procuración General, especialmente por el ímpetu del fiscal Carlos Gonella que asegura haber detectado irregularidades severas en la investigación. No sería el primer contencioso entre Alejandra Gils Carbó y jueces cercanos a la SIDE. Toda la actuación de José María Campagnoli en la causa que investigaba a Lázaro Báez era refrendada por la jueza María Gabriela Lanz, cercana a Antonio “Jaime” Stiusso.