De esta manera se resuelve suspender el aumento que llevaba la tasa de acarreos a 580 pesos “hasta tanto se dicte sentencia definitiva”. En días previos, la fiscal actuante había rechazado la habilitación de feria, pero el juez desestimó esta decisión, teniendo en cuenta que “existiría un riesgo concreto en caso de seguir la tarifa establecida (para) una gran cantidad de ciudadanos (14.000 automóviles por mes son acarreados)”.
Según informó el Partido Obrero, el recurso de amparo presentado denunciaba que “los continuos y abusivos aumentos convertían al acarreo en una multa encubierta, que se suma a la multa posterior. Por lo tanto, estamos ante una doble sanción por la misma infracción, con el agravante de que es percibida integralmente por concesionarios privados”.
“Estamos ante una verdadera privatización de las multas de tránsito, en beneficio de dos empresas con su concesión vencida desde hace más de una década”, indicó Ramal.
“Es una victoria contra la política de tarifazos confiscatorios en las grúas y peajes. La recaudación del acarreo es una de las cajas negras y sin control del Estado porteño, al igual que AUSA o la Corporación del Sur. Lo que logramos hoy refuerza la lucha contra ese saqueo cotidiano a los recursos del presupuesto y del suelo en la Ciudad”, agregó el diputado.
Como lo había contado Letra P, Macri había habilitado un incremento del costo del acarreo de un 29 por ciento, lo cual hizo estallar a la oposición. Aseguraron que el ex presidente de Boca de esta manera favorece a las dos empresas que prestan el servicio de manera irregular desde el 2001.
Según se publicó en el boletín oficial días atrás, el costo del acarreo aumentaría un 29 por ciento, y para sacar los coches de los playones de secuestros habría que pagar 580 pesos.