La aplicación plena de las tres tandas de ajustes en las tarifas de gas que había definido el ministro de Economía, Axel Kicillof, a mediados de marzo está provocando un significativo malhumor y un marcado golpe al bolsillo a casi todos los usuarios.
Las boletas de gas que llegan en estos días contienen la totalidad de los incrementos que dispusieron los funcionarios e implican subas que van del 100% hasta el 400% con respecto a los consumos facturados en el invierno de 2013.
Los usuarios con consumos anuales inferiores a los 1.000 metros cúbicos que abonaron hace un año entre $ 60 y $ 90 en los bimestres invernales, ahora se están topando con boletas que van de los $ 130 hasta los $ 300.
Para los hogares de altos consumos –superiores a los 2.800 metros cúbicos anuales–, el salto fue más pronunciado. De haber pagado el año pasado entre $ 250 y $ 500 por bimestre. ahora tienen que hacer frente a facturas que no bajan de los $ 600 y pueden llegar en varios casos hasta los $ 1.700 por bimestre.
Pese a que el Gobierno había presentado la modificación tarifaria como una “quita de subsidios” y un “uso racional y eficiente del gas natural”, en la práctica lo que implementaron los funcionarios fue un doble ajuste. Por un lado, procedieron a reducir entre un 20% y un 80% los niveles de subsidios existentes para las distintas categorías de usuarios. Y por otro lado, aplicaron una fuerte actualización en el precio del gas que osciló entre el 200% y el 700%.
La mayoría de los usuarios creyeron que los aumentos se habían terminado en abril luego del primer sacudón que registraron las tarifas. Pero ahora, tras la entrada en vigencia efectiva de los ajustes que se habían programado para mayo y agosto, la sorpresa y bronca en los hogares se ven potenciadas al notificarse de cuánto tienen que pagar por los consumos de los últimos meses.
Si bien el ajuste les permitió mejorar en parte sus ingresos, las distribuidoras de gas están un virtual “estado de alerta” por la gran cantidad de reclamos y consultas de sus clientes de clase baja y media que deben atender diariamente. Casi todos quieren zafar de los aumentos y solicitan ser incluidos en la lista de los usuarios que seguirán conservando los subsidios. Para eso, las empresas deben girar cada caso al Enargas y esperar la definición de los reguladores. Pero, mientras tanto, son los empleados de las gasíferas los que deben dar la cara para “atender y contener” las protestas de los usuarios.
El panorama desfavorable para el Gobierno podría complicarse en los próximos con la aparición de nuevos fallos judiciales que ordenen dar marcha atrás con los incrementos tarifarios.
Las entidades defensoras de los consumidores ya lograron frenar los aumentos en Mendoza y Mar del Plata y, según la información que manejan en el Ministerio de Planificación, durante el mes de septiembre podrían sumarse entre dos y tres fallos similares en las provincias del NOA y el Litoral.
Más allá de que beneficie transitoriamente a los usuarios, el avance de la “judicialización” del aumento del gas natural también constituye una nueva muestra de que la administración kirchnerista está en retirada y que ya no puede disciplinar como antes a los jueces.
Además. puertas adentro, los funcionarios de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Planificación hacen responsable de esta situación y del costo político que debe afrontar la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al ministro de Economía.
Pese a que los técnicos del sector habían propuesto aplicar un único aumento antes del invierno, fue Kicillof el que impuso la variante de los tres ajustes escalonados que ahora están complicando al Gobierno.
El primer fallo que congeló el aumento del gas provino de la jueza federal de Mendoza, Olga Pura Arrabal. A mediados de año, aceptó un pedido de amparo de una ONG de Consumidores y suspendió los incrementos que estaban agendados para junio y agosto.
En tanto, la semana pasada salió en Mar del Plata el segundo fallo contra el ajuste tarifario del gas. El juez federal, Alfredo López, suspendió los aumentos que estaba facturando Camuzzi Gas Pampeana por considerarlos “desproporcionados, abruptos y violatorios de las normas que rigen los derechos de los consumidores y usuarios”. La medida cautelar –que beneficia a los usuarios residenciales de Mar del Plata, Miramar, Mar Chiquita y Balcarce– fue solicitada por la Asociación de Consumidores y Usuarios (ACUBA), la filial local de la Ligas de Amas de Casas y la Defensoría del Pueblo marplatense.