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El Grupo Roggio en la mira de Macri por las multas que acumulan los subtes

Por Antonio Rossi.- Para los que miran todo con una lupa “política”, se trata de una especie de castigo por su alineamiento con el Gobierno nacional y por “no haber colaborado” con las autoridades de la Ciudad cuando la polémica por la transferencia del servicio estaba al rojo vivo.

En cambio, para los técnicos y especialistas del sector no es más que la aplicación estricta de las nuevas reglas contractuales que se fijaron el año pasado cuando la administración porteña se hizo cargo de la operación y regulación del servicio.

 

Por primera vez en los 18 años que lleva al frente de la concesión de la red de subterráneos y el Premetro, la compañía Metrovías —que controla el grupo Roggio— se vio obligada a pagar una penalidad de más de $3,3 millones por los incumplimientos registrados en la prestación del servicio.

 

La empresa estatal porteña SBASE —que es la dueña de las líneas y la autoridad regulatoria del servicio— le aplicó a Metrovías un total de 3.052 multas por los incumplimientos detectados en los últimos 15 meses en los estándares de calidad y en las cuestiones operativas vinculadas con la seguridad de los trenes.

 

De ese “paquete” de infracciones e incumplimientos, Metrovías abonó hasta ahora el 47% de las multas en juego con un pago a SBASE de $3.345.712. Según los números que barajan los funcionarios municipales, restan por cobrar otros $4,5 millones que ingresarían en el transcurso de los próximos meses una vez que concluyan los pasos administrativos pendientes para la efectivización de las sanciones económicas.

 

Las penalidades aplicadas por los inspectores de la sociedad estatal que conduce Juan Pablo Piccardo, comprenden los aspectos vinculados con la limpieza de los trenes y estaciones, la atención al público, la falta de matafuegos, el cumplimiento de horarios, las frecuencias en las distintas líneas, el estado de los frenos y las condiciones generales de seguridad que presentan las formaciones en servicio.

 

El marco normativo para la implementación de las multas fue incorporado en el nuevo “Acuerdo de Operación y Mantenimiento” (AOM) que suscribieron el Gobierno macrista y Metrovías en abril del año pasado.

 

El AOM —que tiene una duración inicial de dos años— siguió los lineamientos de la Ley 4472 que aprobó la transferencia de los subtes de la Nación a la Ciudad. Dicha norma estableció como objetivos esenciales “la prevención de irregularidades y fallas operativas”, mediante un control periódico y exhaustivo del concesionario a cargo del servicio.

 

Desde SBASE indicaron que el AOM vigente prevé la exigencia de estándares de calidad crecientes junto con un control cada vez específico y riguroso de las aristas referidas a la seguridad operativa del servicio.

 

Desde que los subtes pasaron a la órbita de la Ciudad, la operadora privada controlada por el grupo Roggio perdió la totalidad de las explotaciones comerciales colaterales que le habían permitido desarrollar las autoridades nacionales.

 

Con la entrada en vigencia del nuevo AOM, Metrovías quedó solamente a cargo de la operación del servicio y el mantenimiento de los trenes y estaciones.

 

El Gobierno porteño, por su parte, pasó a ser el responsable de la política tarifaria, las inversiones y las obras de mejora y expansión de la red. Tras ese cambio en las reglas de juego, SBASE comenzó a embolsar todos los ingresos no tarifarios provenientes de la publicidad, los alquileres comerciales y la explotación de la fibra óptica interna del subte que antes iban a la caja de operadora privada.

 

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