Este lunes, el Juzgado Contencioso Administrativo nro. 1 de la capital provincial informó esta medida cautelar, la cual obliga tanto a la provincia de Buenos Aires como a la municipalidad de La Plata a adoptar medidas de participación social en las decisiones gubernamentales vinculadas a aquella trágica inundación que -según la investigación de Arias- dejó 89 muertos.
En el fallo, concretamente se informa el “dictado de una medida cautelar para que se ordene a las accionadas a presentar un plan de contingencias ante los fenómenos que puedan acaecer, un plan de saneamiento de los arroyos que atraviesan el Partido de La Plata y un programa de incremento en la recolección de residuos de todo tipo, ante alertas de tormenta en la región. Ello, conjuntamente con la formación de cuerpos de seguimiento ciudadano, a los fines de evaluar y ajustar los planes a las reales necesidades de la Ciudad”.
El objetivo de este pedido es para “aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones; garantizar el acceso eficaz del público a la información; realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia con la corrupción, así como programas de educación pública, incluidos programas escolares y universitarios; respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción”.
“Esa libertad podrá estar sujeta a ciertas restricciones, que deberán estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: garantizar el respeto de los derechos o la reputación de terceros; salvaguardar la seguridad nacional, el orden público, o la salud o la moral públicas”, se agrega en el fallo.
A fines de marzo de este año, el juez Arias presentó los resultados de su investigación, en donde determinó que tras el 2 de abril de 2013 hubo 89 muertos y no 67, como había asegurado el gobierno provincial. Aquella fue la conclusión más contundente de su trabajo, que además habló de la existencia de 17 casos dudosos.
