El título de la solicitada que lleva la firma de la Presidencia señala que “Argentina wants to continue paying its debts buy they they won`t let it” (Argentina quiere continuar pagando sus deudas pero no lo dejan).
La solicitada explica que “Argentina quiere pagar sus deudas como lo viene haciendo desde 2005, pero ahora nos vemos obstaculizados por el juez Thomas Griesa y por la Suprema Corte de Justicia norteamericana que se rehúsa a tomar el caso”.
La solicitada explica que el default que sufrió el país en 2001 “fue el más grande en la historia financiera del mundo” y que las consecuencias causaron “un desempleo cercano al 25 por ciento y más del 50 por ciento de la población por debajo de la línea de pobreza”.
“En otras palabras: pagarle a los fondos buitre es un camino que conduce al default, y si no pagamos, la orden del Juez Griesa pone en peligro el derecho de los bonistas a cobrar la deuda de 2005 y 2010″, advierte la solicitada.
“En tanto, los fondos buitre invierten millones en propaganda y lobby para hacerle creer al mundo que Argentina no quiere pagar su deuda”, destaca.
La solicitada recuerda que “este fallo busca poner en una situación delicada a la Argentina, pero también a cualquier otro país que intente reestructurar su deuda en un futuro”.
“La voluntad del país es clara: esperamos una decisión judicial que promueva una justa condición de negociación para resolver esta prolongada y difícil disputa que afectó, afecta y seguirá afectando a los argentinos por un grupo pequeño de especuladores voraces”, concluye.
El viernes, en el acto central por el Día de la Bandera en Rosario, la Presidenta anunció que dio “instrucciones” al Ministerio de Economía para que los abogados “le soliciten al juez que genere las condiciones para poder llegar a un acuerdo que sea beneficioso para el cien por ciento porque hay leyes que respetar”.
“Que nadie se equivoque -advirtió- nosotros queremos cumplir con el 92,4 por ciento que accedió al canje y también queremos cumplir con los que no ingresaron”.
Luego de esto, Griesa volvió a dictar una resolución contra la Argentina y “prohibió” al Gobierno cambiar la jurisdicción para el pago de los de la deuda reestructurados.