José María Campagnoli comenzará a ser juzgado por presunto mal desempeño de sus funciones en la investigación al empresario kirchnerista Lázaro Báez cuando era incompetente para hacerlo, lo que podría derivar en su destitución en caso de ser hallado culpable.
Como fue de público conocimiento, Campagnoli investigó si Báez extorsionó a Federico Elaskar para que le venda su financiera S.G.I., que es investigada por la Justicia porque presuntamente habría lavado unos 55 millones de euros del empresario a través de la creación de empresas fantasmas en el extranjero.
Pero la Cámara del Crimen apartó a Campagnoli de la causa por incompetente para intervenir y la envió al fuero federal, donde se investiga a Báez por lavado de dinero, pero el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió sobreseer a Báez por falta de pruebas y porque Elaskar se retractó respecto a que el empresario lo había extorsionado.
Tras el apartamiento, fue denunciado ante la Procuración General de la Nación y su titular, Alejandra Gils Carbó, tras el dictamen de una comisión de fiscales, lo envió a juicio político y pidió su suspensión.
Daniel Adler, represente de la Procuración General, Ernesto Kreplak, del Poder Ejecutivo, Rodolfo Quintana, del Senado, María Córdoba, de la Defensoría General, Javier Panero, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Adriana Donato, del Colegio Público de Abogados y Juan Gauna, de la Corte Suprema de Justicia.
Los cuatro primeros votaron en diciembre suspender a Campagnoli y los tres restantes rechazaron ese planteo. Desde hoy y hasta el jueves declararán testigos, mientras que el mañana y el miércoles de la semana próxima serán los alegatos a la espera que el Jurado defina la fecha del veredicto.
Se requieren cuatro votos para que Campagnoli sea destituido y en caso que se rechace la acusación, el suspendido fiscal será repuesto en su cargo.