Los legisladores denunciaron “la clara inconstitucionalidad de la transferencia de todos los centros de detención clandestinos realizado sancionado por la Legislatura porteña como resultado de un acuerdo entre PRO y Frente para la Victoria”.
Además, explican que “según el artículo 104 inciso 3 de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires es el Poder Ejecutivo quien posee la facultad de concluir y firmar los tratados, convenios y acuerdos internacionales e interjurisdiccionales. Dicha norma prevé in fine que ello procede “en todos los casos con aprobación de la Legislatura”.
Los diputados también pidieron “la habilitación de días y horas inhábiles para que se resuelva lo peticionado a la mayor brevedad posible, en virtud de las razones de urgencia invocadas”.
El traspaso fue aprobado este jueves con 41 votos positivos y 16 negativos, a pesar del repudio de organismos de derechos humanos.