También se determinó disolver el Instituto Espacio para la Memoria (IEM), un organismo autárquico que administraba los excentros clandestinos porteños, y crea el Consejo Asesor en Políticas Públicas de Memoria.
Los predios que pasarán a estar administrados por la Nación serán el Edificio del exCasino de Oficiales (donde funcionó el Centro Clandestino de Detención), el Pabellón Central, La Imprenta, el Taller Mecánico y la Enfermería de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (exESMA),todos situados en Avenida del Libertador 8151 al 8461.
La votación contó con los votos positivos de los legisladores del Frente para la Victoria y el Pro; mientras que los legisladores Pablo Bergel (VA), Marcelo Ramal (FIT),María Inés Gorbea (SUMA+), Maximiliano Ferraro (CC), Alejandro Bodart (MST) y Gabriela Ocaña (CP). En el mismo sentido también votaron Hernán Arce (PS), Gabriela Cerruti (NE), Pablo Ferreyra (IP), Cristina García (CP), Javier Gentilini (PSur), Juan Nosiglia, Hernán Rossi (SUMA+) y Paula Oliveto (CC), votaron en contra.
Distintos organismos de Derechos Humanos se mostraron en contra del proyecto. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, antes de la sesión le envío una carta a cada legislador en el que pedía un “llamado a una profunda reflexión”.
De la misma manera la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora Cortiñas, fustigó que “el Gobierno (nacional) desgajó a los organismos de derechos humanos” explicando que no fueron consultados sobre la finalidad del proyecto.
En duros términos se refirió el legislador del FIT, Marcelo Ramal. El representante del Partido Obrero dentro del Frente de Izquierda y los Trabajadores expresó que “es evidente que estamos ante otro pacto, esta vez, para la malversación de la historia del genocidio dictatorial”.
“Con este traspaso, el gobierno nacional se dispone a reforzar la “historia oficial” de los derechos humanos, cuyo antecedente es la conversión de la ESMA en un reducto de los punteros oficiales” agregó.