Fue el 19 de diciembre de 2013, cuando Oyaribde suspendió un allanamiento que él mismo había ordenado en la financiera Propyme, luego de recibir el llamado de Liuzzi respecto a que el dueño de la firma estaba siendo extorsionado por los policías a cargo del operativo.
En la causa, son investigados y ya fueron imputados Liuzzi y Oyarbide por el fiscal Ramiro González.
El análisis de las comunicaciones en la causa son claves y en ese sentido, el juez Rodríguez recibió informes de compañías telefónicas de celulares que arrojaron que a nombre de Liuzzi hay ocho líneas, de Oyarbide ninguna y del secretario de este último, Carlos Leiva, cuatro.
De esas 12 líneas, de Liuzzi y Leiva, el juez pidió que se establezcan las comunicaciones entrantes y salientes por medios telefónicos, de mensajes de texto y radial, y también que se tenga en cuenta la ubicación que arrojan las antenas y celdas.
Asimismo, el juez Rodríguez pidió conocer el listado de llamados que hizo ese 19 de diciembre el empresario Guillermo Greppi, dueño de Propyme, luego que los policías a cargo del operativo le exigieran un soborno de 300 mil dólares a cambio de frenarlo.
Por otra parte, el juez pidió al Director Nacional de Gendarmería, Comandante Enrique Zach, que informe sobre los custodios de esa fuerza que estuvieron junto a Oyarbide ese día, pues el magistrado a diario es acompañado por varios agentes en el traslado a los Tribunales e incluso en el interior del edificio.
Esta causa se inició por denuncia de los radicales José Cano, Manuel Garrido y Mario Negri quienes consideraron que “llama poderosamente la atención que un juez decida interrumpir un procedimiento que él mismo fundamentó con el solo pretexto de que una dependencia del Poder Ejecutivo ´le merece toda la confianza”.