El fiscal federal Eduardo Taiano había desestimado la denuncia y rechazó impulsar la investigación, pero la medida fue anulada por la jueza federal María Servini de Cubría, que es respaldada por la Cámara Federal.
El decreto por el que se investiga a la Presidenta es el que creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos y que según denuncian los diputados del partido Nueva Izquierda, tuvo el fin de beneficiar a Chevron en la explotación del yacimiento Vaca Muerta.
“Existe una hipótesis penal susceptible de ser investigada, con independencia de cuál sea su resultado”, sostuvo el tribunal mediante un escrito.