Barbagelata: “Se ha mentido sin pudor ni escrúpulos sobre el anteproyecto”

-Un poco sí. Posiblemente tendría que haber habido otras instancias de comunicación anteriores. Pero fue tal la agresividad que después no hubo espacio. Los propios periodistas enrolados en esta mecánica de debate preguntaban todo por sí o por no. Por ejemplo, peligrosidad sí o no, y cuando uno intentaba explicar algo más, ya trascendía el interés.

-¿Se terminó desvirtuando el debate?

-Sí, se hizo muy complicada la posibilidad de explicarlo. Si yo te digo que van a liberar a todos los violadores, que van a hacer tareas comunitarias en las escuelas controlados por el director, vos decís: “¿Dónde hay que firmar?” Yo firmaría cualquier cosa, porque no tiene ninguna lógica. Lo que pasa es que eso no tiene nada que ver con lo que se hizo. Indudablemente fue utilizado con mucha rapidez, focalizando en dos o tres puntos que sirven a una mirada muy punitivista, apoyada obviamente en sentimientos defensivos, de mucha inquietud sobre el tema de seguridad. Pero se ha mentido sin escrúpulos ni pudor. Creo que tampoco lo han leído, ni les interesa. Si les interesara mejorar la legislación, podrían verse los puntos fuertes y débiles, y trabajarlos.

-Es decir que el anteproyecto está abierto al debate y a las modificaciones que deban hacerse.

-Se pueden hacer todas las modificaciones que correspondan, de acuerdo a razonamientos que se sustenten. Lo importante es que el razonamiento sea sustentable. Fue un trabajo de un año y medio. No se puede sacar un Código Penal del día a la noche, y tampoco del día a la noche puede revisarse.
-Una de las chicanas que suele hacerse a la comisión es que sus miembros son abolicionistas, no creen en la pena.
-Son etiquetas y consignas que se han puesto de muy mala fe, buscando puntos que puedan ser explotados desde ese punto de vista. El debate circular sobre el aumento de penas para frenar la inseguridad es absurdo. Cualquiera que razona un poco se da cuenta de que en los últimos 20 años no hemos hecho otra cosa más que eso y, sin embargo, no solucionamos nada. No es una pena de un año más o menos lo que puede definir este tema, sino una política criminal a largo plazo. Hay factores no sólo sociales sino también que dejan huecos en el funcionamiento del sistema penal como el acceso, los tiempos de los procesos, la aplicación de las normas, las investigaciones pobres, escasas de recursos. Todo eso fortalece la impunidad.

-La estrategia de quienes sostienen este discurso suele confrontar el discurso jurídico con el dolor de las víctimas. ¿Cómo hace la comisión para interpelar a ese sector?

-Yo creo que responde a diálogos distintos. Una cosa es la ley penal y otra cosa es la prevención del delito o la investigación de lo que ya se cometió. El derecho penal tiene una naturaleza, que es limitar el poder coactivo del Estado, que linda con la arbitrariedad. Nace como una respuesta al poder absoluto de los reyes. Y, a su vez, determina para los ciudadanos lo que se puede hacer y lo que no, y las consecuencias de esto. El efecto preventivo es simbólico. Entonces los diálogos tienen que pasar por otro lado. Por más que ponga pena de muerte, eso no tiene incidencia en la comisión de un acto delictivo. Las penas no se suben o bajan para jerarquizar o no un delito. Nosotros hemos subido 150 penas y creamos 85 delitos nuevos. Por ejemplo, en el tema de corrupción, delitos contra la administración pública, se subieron las penas porque eran muy bajas. En los delitos que tienen que ver con el accionar de los propios jueces, como el peculado o el prevaricato, que actualmente tienen pena de multa, pusimos pena privativa de libertad.

-¿En qué otros delitos se subieron?

-A los delitos culposos se les subió. El estrago culposo se cuadruplicó o hasta sextuplicó. Pero, por ejemplo, la tortura, que tenía una pena altísima, se bajó en dos años ¿Van a decir que estamos favoreciendo la tortura? No, la verdad que no tiene nada que ver. La tortura, dicho por todos los jueces y doctrinarios, tiene una pena tan alta que no se aplica, la misma de máxima que el homicidio. Y no es lo mismo matar que torturar, aunque todo sea disvalioso. Entonces se hizo una escala.

-¿Cuáles son los criterios que se toman en cuenta en cada caso para subir o bajar penas?

-La proporcionalidad, que conductas similares tengan una similitud en el tipo de penas. Por eso en general los delitos culposos han aumentado: estrago culposo, homicidio. Las lesiones dolosas y culposas elevaron la pena. Para los accidentes de tránsito, por ejemplo, se incorporó el concepto de culpa temeraria – que es mucho más preciso que esa nebulosa entre culpa y dolo llamada dolo eventual – y lleva una pena máxima de 8 años, que es el mínimo del homicidio doloso. Eso es importante.

-También se eliminó la prisión perpetua.

-Se fijó la pena máxima en 30 años, y eso es razonable, es casi la mitad de una vida. Es la pena máxima prevista para el genocidio en el ámbito internacional. Allí está la cúspide, entonces es lógico, por ejemplo, que la pena prevista en los delitos contra la propiedad no supere la de los delitos contra la vida.

-Algo que generó polémica es el tema de la reincidencia.

-No está totalmente excluida. Es un tema que está analizado en el anteproyecto, pero no por lo que es la persona que comete el delito, sino por el delito que cometió, que son dos cosas diferentes. Hay discusiones doctrinarias sobre esto, es un tema objeto de debate. Y es algo que se puede analizar.

-La comisión tuvo representantes de diferentes ideologías ¿cómo diría que fue el trabajo?

-Hemos agotado todos los consensos. Cuando la redacción no satisfizo puntos concretos, se plantearon disidencias, y así quedó expresado. Yo he planteado cerca de nueve, y la mayoría tienen que ver con mi compromiso de lucha por los derechos de la mujer.

-¿En qué temas?

-Tengo una en cuanto a que no se tuvo en cuenta para la gravedad de violación la introducción de objetos sino solo de miembros corporales. Yo creo que no hay que distinguir. Ya el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional no distinguen el tipo de elementos con que se viola a alguien. También hice un planteo en el tema del aborto, sobre todo con la incorporación que se hizo de la figura de aborto culposo y lesiones al feto, culposas y dolosas. He manifestado disidencias totales y también una alternativa para tratar en relación a la ampliación de causales de no punibilidad sobre la mujer que interrumpe su embarazo en las primeras semanas de gestación.

-No tuvo suerte en ese tema.

-No, nada. Al contrario, tuvieron suerte el aborto culposo y las lesiones al feto. Me parece que no es el momento. Porque si se plantea no discutir el tema de aborto, mucho menos se pueden introducir estas otras figuras. Pero bueno, todo está abierto a debate todavía.

-Según su mirada, de aprobarse el anteproyecto ¿qué tipo de Código tendríamos?

-Quedó un Código muy claro, coherente, sencillo, que empieza por los principios del derecho penal, y esto es importante porque lo enmarca en la Constitución y en los derechos humanos con rango constitucional. Esto implica que hay que interpretar y aplicar la ley penal de acuerdo a esos parámetros. Y también es un Código que empieza a ser atravesado por la perspectiva de género. Además, hay novedades que tomamos de códigos europeos, como la incorporación de las personas jurídicas al ámbito del derecho penal en lo que hace a delitos patrimoniales, ambientales y a la trata.

-En el tema de tráfico de estupefacientes se bajó la pena mínima, ¿por qué?

-Se bajó de cuatro a tres años, porque hay situaciones vinculadas con mulas, de mucha vulnerabilidad, y nos pareció pertinente darle una mayor escala al juez.

-En definitiva, es el juez quien debe definir la pena en el caso concreto, en función de la escala.

-Claro, y se innovó en el tema de la determinación de la pena, fijando criterios para situaciones de menor, mayor y máxima gravedad, algo absolutamente nuevo en relación al código vigente. Hoy el juez no explica qué elementos tomó para fijar una pena. Nosotros no sólo le damos criterios, sino que le exigimos al juez los fundamentos, bajo pena de nulidad. También se elimina la libertad condicional, la pena se cumple hasta el final.

-Esto es más duro que en el Código actual.

-Hoy a los dos tercios la persona sale y no se la ve más en ningún lado. Nuestra mirada es mucho más estricta. Si es una pena de hasta tres años, el juez puede disponer la libertad condicional sin imponer la pena privativa de libertad. Si es mayor, de tres a diez, se exige la mitad del cumplimiento como mínimo. Si es más, se exigen los tercios. Pero en aquellos delitos de máxima gravedad, como el homicidio, los delitos contra la integridad sexual y la libertad, que son el núcleo más duro de la criminalidad, la pena se debe cumplir en su totalidad. Eso hoy no existe. Además, para dar una sustitutiva, el juez va a necesitar el dictamen de tres peritos independientes más el del Ministerio Público. Hoy en día, en los peores casos, llega a dos tercios y se acabó la historia, porque sólo se pide un informe al Servicio Penitenciario. Y generalmente, en materia de delitos contra la integridad sexual, los detenidos suelen ser los más cumplidores. O sea que no es livianito.

-¿Qué expectativas tiene con respecto al destino del Código?

-Conversamos con los demás miembros de la comisión que tanto el Código del siglo XIX como el del siglo XX estuvieron como una década dando vueltas. Esperemos que con éste se tarde menos.

-Algunos de los partidos que tuvieron representantes en la Comisión terminaron desautorizándolos, ¿cómo fue su experiencia?

-No fue el caso del socialismo ni del Frente Amplio Progresista. Al contrario, tuve todo el apoyo, y he dado las explicaciones pertinentes a medida que fuimos trabajando. Pero sí comparto las expresiones que tuvieron algunos referentes del partido, en relación al tratamiento del anteproyecto en el Congreso en estas condiciones. Creo que en medio de una campaña presidencial que evidentemente ya se lanzó, en un marco sin escrúpulos, es muy difícil tratar esto.