Oyarbide y Liuzzi imputados y bajo investigación judicial
El fiscal federal Ramiro González solicitó que se investigue a Norberto Oyarbide por frenar el allanamiento a una cueva financiera tras recibir el llamado de Carlos Liuzzi, operador político del secretario Legal de la Presidencia, Carlos Zannini. La declaración del juez en la que se basó el fiscal para imputarlo.
El fiscal considera que hay suficiente evidencia para imputarle a Oyarbide los delitos de prevaricato, omisión de persecución penal y encubrimiento, y pidió al juez federal Luis Rodríguez que avance sobre el magistrado que ya reconoció en la Cámara Federal que frenó el allanamiento por pedido de Liuzzi, que es subsecretario Legal y Técnico a las órdenes de Zannini.
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De acuerdo a la denuncia, Oyarbide ordenó frenar el allanamiento en la mutual Propyme, luego de recibir un llamado de Liuzzi quien lo alertó acerca del supuesto soborno de 300 mil pesos que los policías habrían perdido al empresario Guillermo Greppi.
A su vez, el juez Rodríguez investiga si existió el pedido de soborno por parte de policías de la Difoc a Greppi y si -como el empresario denunció- lo hicieron invocando a Oyarbide.
El juez y su declaración
Oyarbide fue nombrado Juez federal de la Ciudad de Buenos Aires en 1994. Relacionado a casos de fuerte repercusión mediática en los que se vieron involucrados funcionarios políticos. Investigó a Carlos Menem, le revocó la prisión domiciliaria a Jorge Rafael Videla, encabezó la causa de la mafia de los medicamentos, el caso Skanska, estuvo a cargo de la denuncia hacia Martín Redrado “por incumplimiento de funcionario público” y el espionaje en el gobierno de Mauricio Macri.
A continuación, la declaración testimonial de Oyarbide ante la cámara federal, que uso el fiscal González para imputarle los delitos de prevaricato, omisión de persecución penal y encubrimiento:
“Tengo el honor de dirigirme a V.E. el Sr Presidente, en mi caracter de Juez Federal a cargo del Juzgado Nacional en los Criminal y Correccional Federal nª 5 de la Capital Federal, y en respuesta del requerimiento cursado mediante el oficio librado en 20 de febrero ppdo. en el expediente nº 343/2013 caratulado “Actuaciones administrativas iniciadas por presuntas irregularidades en relación a la causa nº 3919/2013 del Juzgado Federal nº 5, de Vuestro Registro; a fin de hacerle saber que la disposición del 19/12/13 por cuya razón se requiere, tuvo especial motivación en el conocimiento adquirido por el suscripto, de la comisión de hechos de gravedad en el marco de un procedimiento llevado a cabo por su disposición, en el marco de tramitación de la causa nº 3919/2013 del otrora Registro de la Secretaría nº 9 del Juzgado a mi cargo.
Tal circunstancia, fue alertada por medio de una comunicación telefónica recepcionada por el suscripto, en horas de la tarde del mismo día 19/12 ppdo., y procedente de quién se identificó como Carlos Liuzzi, funcionario de la Secretaría Legal y Técnica del Poder Ejecutivo de la Nación; dando cuenta que en unos de los procedimientos (allanamientos) que se estaban llevando a cabo ese día, en el marco de la causa referida (calle Maipú 311, piso 20 de ésta C.A.B.A), el personal policial interviniente habría cometido abuso de armas con el fin de amedrentar a quienes estaban en la oficina allanada, amén de solicitar una suma determinada de dinero para abandonar el procedimiento.
De más está resaltar que tamaña información, procedente de tan confiable fuente, determinó al suscripto a ordenar el cese inmediato de todos los procedimientos en vía de instrumentación en esa causa; medida que articuló con la intervención del Secretario Judicial de la actuación en la causa por entonces, el Dr Carlos Leiva, y que se documentó en forma manuscrita ante la falta de fluido eléctrico en el Edificio de Tribunales Comodoro Py”.