Hasta ahora, la fiscalía sólo había logrado reconstruir parte del crimen que arrancó la trágica noche del 26 de septiembre en Iguala (Guerrero, sur), cuando policías locales atacaron a alumnos de la combativa escuela de magisterio de Ayotzinapa que recaudaban fondos en la ciudad por orden del ahora ex alcalde detenido, que quería evitar que sabotearan un acto público de su esposa.
En esos ataques fallecieron seis personas y desaparecieron los 43 alumnos, la mayoría de entre 18 y 21 años, que según confesiones de otros detenidos habrían sido entregados por policías a sicarios de Guerreros Unidos.
El crimen, que ha sido calificado por Human Rights Watch (HRW) como uno de los “más graves registrados en la historia contemporánea de México y América Latina”, es la peor crisis desde que el presidente Enrique Peña Nieto asumió el poder en 2012 y generó masivas protestas por todo el país.
Más de 80.000 personas fueron asesinadas en México y otras 22.000 desaparecieron desde que el ex presidente Felipe Calderón lanzó el combate militar contra los cárteles en 2006.