Se trata del juez de Garantías Gustavo Banco y las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas, pertenecientes al departamento Judicial de La Matanza, a quienes se les avanzará la elaboración de un sumario que tiene por propósito formalizar el pedido y analizar la actuación y el grado de responsabilidad de los acusados.
El juicio político fue puesto en evidenciada por Familiares y Amigos de Luciano Arruga, de la mano de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH) y motorizada por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Según un comunicado, no existieron “medidas de búsqueda serias” en lo que respecta a la investigación de paradero, ambas fiscales contaban con las huellas dactiloscópicas del joven que formaban parte del material disponible, luego de ser solicitadas de la causa en la que Arruga fue detenido y torturado en la comisaría de Lomas del Mirador, el 22 de septiembre del 2008.
Casi seis años después, esas huellas fueron un elemento fundamental en la investigación que se abrió con el hábeas corpus pedido por la familia en julio de 2014.
Cinco años y ocho meses después de haber sido detenido, el cuerpo del joven apareció en el cementerio de la Chacarita. Estaba enterrado como NN.