“Convocaremos a la gente el día 9 de noviembre” y aunque “tendremos que hacerlo de forma diferente a como teníamos previsto” también “habrá locales abiertos, habrá urnas, habrá papeletas”, afirmó este martes el presidente regional Artur Mas desde el palacio gótico de la Generalitat en Barcelona, sede del gobierno catalán.
Si bien la pregunta que deberán responder los votantes será la misma: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado? En caso afirmativo: ¿Quiere que este Estado sea independiente?”, el mecanismo de participación será diferente y, según los analistas, poco riguroso.
La consulta planteada inicialmente, suspendida por la justicia española, debía contar con un censo de participantes, organismos de control y personal de la administración en los colegios electorales que le daban un carácter de referéndum aunque no fuera vinculante jurídicamente.
La alternativa planteada ahora por Mas no tendrá censo de participación ya que los ciudadanos se inscribirán justo antes de votar, estará organizado por unos 20.000 voluntarios y ni siquiera será convocada mediante un decreto oficial.
Flanqueado por otros tres partidos proconsulta que habían hecho gala de unidad en los últimos meses, el presidente y su coalición nacionalista conservadora CiU se quedaron solos al apoyar esta salida al bloqueo jurídico propiciado por Madrid.
Especialmente significativa fue la reacción de la segunda fuerza parlamentaria de la región y con cada vez más apoyo entre la ciudadanía, la izquierda independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que al terminar la reunión advirtió que “sólo hay un camino: un parlamento que haga una declaración de independencia inmediata”.
A diferencia del gobierno británico, que el 18 de septiembre permitió votar a los escoceses en un referéndum sobre la independencia donde ganó el “no”, el ejecutivo español de Mariano Rajoy no permite una votación sobre la independencia en Cataluña, entendiendo que según la Constitución esta pregunta debería dirigirse al conjunto de los españoles.
Cataluña es una región de 7,5 millones de habitantes en el noreste de España, con una quinta parte de la riqueza del país, y un auge del independentismo desde el 2010, cuando el Tribunal Constitucional impugnó parcialmente un estatuto de autonomía aprobado en referéndum que la definía como “nación”.