Martello alertó sobre el alto índice de delitos relacionados con la violación de la Ley de Estupefacientes en Tigre. “Hay dos datos contundentes. Por un lado, el Departamento Judicial de San Isidro, que incluye a Tigre, es la región de la Provincia donde se registra la incidencia más importante de los delitos relacionados con la violación de la Ley de Estupefacientes (narcotráfico). Mientras que el Departamento Judicial de Lomas de Zamora es, por lejos, la zona bonaerense donde mayor cantidad de delitos penales se cometen”, precisó.
Martello criticó también a las famosas cámaras de seguridad del municipio comandado por el ex jefe de Gabinete de Cristina, al señalar que “si nos remitimos a las estadísticas de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, se vislumbra claramente que durante el periodo 2011-2012, se produjo un importante repunte de los delitos denunciados en el Departamento Judicial de San Isidro. Más marcado aún, fue el incremento de las denuncias por delitos cometidos por menores de edad dado que, en 2012, fue un 28% superior respecto a 2009 y el aumento se viene registrando de manera sostenida en los últimos cuatro años”.
Al analizar el tipo de delitos denunciados, aparece que existe una importarte incidencia de los hechos relacionados con el narcotráfico en dicho Departamento Judicial. Por ejemplo, el 7,75% de la Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) son por violación a la Ley de Estupefacientes, más del doble que lo registrado –por ejemplo- en La Plata. Este indicador supera, incluso, al Departamento Judicial de San Martín, territorio que suele ser considerado por los especialistas como el principal asentamiento del narcotráfico de la Provincia.
En otro orden, Martello advirtió que “por más que Massa intente difundir una imagen de renovación a partir de una millonaria pauta publicitaria, los hechos concretos muestran que no se diferencia del estilo que caracteriza, desde hace más de dos décadas, a los barones del Conurbano”. En este sentido, hizo referencia a que existe una denuncia penal, que actualmente tramita en Unidad Fiscal de Investigaciones de La Plata a cargo de Álvaro Garganta, sobre presuntas irregularidades en los fondos destinados al programa de seguridad de Tigre, como así también en las condiciones de trabajo del personal.
También fue el turno para Martín Insaurralde. Acá, el titular de la CC-ARI apuntó que igualmente ha hecho innumerables anuncios mediáticos en materia de seguridad y se ha vanagloriado de contar con un importante financiamiento del gobierno nacional. El programa de Protección Ciudadana de Lomas de Zamora es de similares características al que funciona en Tigre, según Martello. Cuenta con un Centro de Protección Urbana (CPU), lanzado en el año 2010, que monitorea en forma constante el movimiento de la ciudad mediante la instalación de cámaras con un alcance de más de 150 metros ubicadas en puntos estratégicos como centros comerciales y principales accesos al distrito, y la incorporación de agentes que patrullan diariamente las calles.
El legislador subrayó que “la gestión de seguridad en Lomas de Zamora suma más fracasos que éxitos. Los números de la Procuración de la Corte, lo ponen claramente de manifiesto ya que se pasó de 90.123 delitos denunciados por año (en 2007) a 106.035 en 2012. Esto representa un incremento de 15.912 denuncias penales anuales, siendo el Departamento Judicial del Conurbano donde más delitos se cometen”.
Y por último, concluyó que “la realidad, como muchas veces sucede en la Argentina, desmiente a los anuncios mediáticos dado que, al no atacarse las causas estructurales que contribuyen al desarrollo exponencial de la inseguridad, se termina intentando maquillar un flagelo que no para de crecer. Es evidente que el efecto de las cámaras de seguridad ha sido prácticamente nulo”.
