Ofrecen 2 millones por información de represores fugados

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que ofrece dos recompensas de dos millones de pesos cada una para quienes aporten datos fehacientes que favorezcan la captura de los represores Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, condenados por crímenes de lesa humanidad que se fugaron del Hospital Militar Central “Cosme Argerich”.

“Se ofrece como recompensa dentro de la República Argentina la suma de pesos 2.000.000 por el plazo de 12 meses a partir del día de la fecha destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que resultasen determinantes para la detención” de los dos prófugos, señalan las dos resoluciones firmadas por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.

 

Olivera recibió una condena a cadena perpetua, mientras que De Marchi fue condenado a 25 años de prisión al cabo del primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en la provincia de San Juan.

 

Tal como denunció ante la justicia federal de la Capital Federal el director nacional del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, personal de Seguridad y Traslados del Servicio Penitenciario Federal había efectuado el traslado y entregado a los nombrados al personal del hospital, en la sala de atención que ese nosocomio dispone en el tercer piso para detenidos por delitos de lesa humanidad.

 

Luego de ser llevados a los consultorios correspondientes, se advirtió que los internos nombrados no se encontraban en la sala donde debían estar. La denuncia agrega que “no obstante procederse a una búsqueda exhaustiva por las instalaciones del citado hospital, la misma fue infructuosa, constatándose la evasión de ambos internos.”

 

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, solicitó hoy que se investiguen en profundidad los hechos, ya que “ambos internos habían sido trasladados del Complejo Penitenciario Federal Nº II en el horario matutino hacia el hospital Militar Central, en carácter de Tránsito al mencionado Complejo, provenientes del Servicio Penitenciario Provincial de San Juan, a efectos de cumplir con tratamientos médicos ordenados por el Juzgado Federal Nº  2 de San Juan, a cargo del Dr. Miguel Ángel Gálvez”.

 

El titular de la cartera de Justicia explicó también que “los detenidos presentaban una patología que por sus características podrían haber sido asistidos en el lugar donde se encontraban detenidos ya que no existía riesgo de vida. No obstante ello, esta Institución dio acabado cumplimiento a la manda judicial, la que se presenta como injustificada, de dudosa fundamentación y carente de racionalidad.”

 

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