Se trata de la adjudicación millonaria para construir un elevador de granos en los mejores terrenos de Quequén a una empresa sospechada de lavado de dinero, según remarcó Jano. “Se adjudicaron obras por 35 años y por alrededor de 60 millones de dólares a una empresa que fue creada después de recibir la autorización para hacer el negocio”, agregó.
Cabe recordar que dicha inversión ha sido cuestionada por el ex director del Consorcio Martín Caraffo (renunció a su cargo) y Egidio Mailland (se abstuvo de votar).
El presidente del Consorcio José Luis De Gregorio responde al operador K Roberto Porcaro, a quien el juez Campagnoli investiga por cheques librados por Financial Net a la cuenta de Austral Construcciones (Lázaro Báez) y por un pago de 1 millón de dólares a la cuenta de Porcaro y su esposa Patricia Sirvente.
“Solicitamos al gobernador una rápida intervención en el tema. Es necesario esclarecer qué pasó con esas inversiones. Para esto es fundamental la intervención del CGPQ”, subrayó el legislador oriundo de Lobería.