El organismo de DDHH de La Plata presentó en la mañana de este miércoles una denuncia penal por estrago culposo contra Bruera, al entender que las víctimas producidas por el temporal y la inundación que se registró el 2 y 3 de abril en la región “fueron consecuencia directa de la insuficiencia del sistema de evacuación de excedentes pluviales y la falta de obras de infraestructura y equipamiento urbano para la localidad”.
El CIAJ se basa en un estudio realizado por el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNLP en 2007 y las recomendaciones ejecutadas por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia (SCJBA), durante la controversia en torno a la aplicación de un nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU) de La Plata, en el año 2011. En la denuncia establece que “el estrago que hoy se lamenta es el resultado del accionar negligente de las autoridades municipales y provinciales”.
El colectivo entiende que el ejecutivo municipal actual conocía las dificultades que acarrean la transformación y crecimiento de la ciudad, así como la consecuente obligación de intervenir con acciones y obras de infraestructura para su desarrollo urbano. Y señaló que la propia Suprema Corta de Justicia, al levantar la suspensión del COU, había advertido a la comuna sobre las consecuencias que podría provocar la alta densidad y ocupación del suelo en la ciudad.
“Es el Ejecutivo Municipal quien tiene responsabilidad en la aprobación de obras particulares, por tanto en el crecimiento y aumento de la densidad del espacio urbano platense. Así como en la provisión del equipamiento y la infraestructura necesaria. Ahora bien, no se puede obviar que para el manejo de obras de gran envergadura, es la autoridad provincial la encargada de visar y aprobar dichas iniciativas”. Por eso, la presentación del CIAJ solicita también que se indague sobre algunas áreas del ejecutivo provincial, como la Dirección de Ordenamiento Urbano Territorial y la Dirección de Saneamiento y Obras Hidráulicas.
Además, con esta presentación se pretende conocer cuáles fueron las acciones desarrolladas en relación a la emergencia, las alertas correspondientes y la articulación entre los actores institucionales comprometidos. A su vez, se solicita información sobre las tareas desempeñadas por el Comité Operativo de Emergencia Municipal (COEM), el Centro de Emergencias Médicas, Accidentes y Catástrofes (CEMAC) dependiente del área de Salud municipal, conocer los protocolos de actuación desarrollados por el municipio, la policía, los bomberos y Defensa Civil, a la hora de intervenir en la catástrofe.
La denuncia establece que “la relación de determinación entre la conducta omitida por los funcionarios municipales -que desestimaron las recomendaciones realizadas sobre infraestructura y obra pública-, y el resultado producido, vale decir, la inundación desatada en la noche del 2 y 3 de abril, es incuestionable”.
Contrariamente al discurso oficial, que aún continúa hablando de una lluvia sin precedentes que tomó por sorpresa a todos, el organismo de DDHH indicó que no se trató de un caso fortuito o de un fenómeno climático excepcional. Las lluvias producidas en 2002 y las posteriores de 2005, 2008 y 2010, hacen que las sucedidas en abril pasado, no puedan considerarse como un hecho aislado e imprevisible, sino que demuestran la falta de planificación y la ausencia de la acción coordinada del Estado.
