Evo Morales anunció en marzo de 2011 la decisión que concretará en La Haya de llevar el diferendo marítimo a los tribunales internacionales ante la falta de respuestas del Gobierno de Piñera.
El tema que se arrastra desde 1879 tras la invasión chilena y la guerra contra Bolivia y Perú, que perdieron buena parte de sus territorios y la salida al Pacífico que unifica a grandes sectores de la oposición boliviana con el gobierno de Morales.
Por su parte, Piñera reafirmó que “Chile no va a ceder territorio” al comentar la decisión boliviana de ir a la CIJ de La Haya, y que va “a usar todas las herramientas disponibles para defender el territorio, el mar, el cielo y la soberanía de los chilenos”.
Además, llamó a todos los candidatos presidenciales a expresarse frente a la demanda marítima boliviana.
Fuentes diplomáticas bolivianas informaron que la comisión especial que ya se encuentra en La Haya sostuvo reuniones con expertos internacionales con el objetivo de “afinar” el documento que será presentado.
El proceso comenzó en 2008, cuando Perú pidió a la Corte delimitar la frontera marítima entre ambos países, de acuerdo con una línea equidistante y equitativa, lo que le llevaría a ganar unos 35.000 kilómetros cuadrados de aguas en el océano Pacífico.
La comisión que presentará la demanda boliviana está presidida por el canciller David Choquehuanca; la integran el agente de Bolivia ante La Haya, el ex titular de la Corte Suprema de Justicia y ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé; el ministro de Defensa, Rubén Saavedra; el responsable de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Juan Lanchipa y el titular de la Comisión de Constitución de Diputados, Héctor Arce.
Para dar este paso ante la justicia internacional, Morales tiene el respaldo de cinco de sus antecesores: Guido Vildoso (1982); Jaime Paz Zamora (1989-1993); Jorge Quiroga (2001-2002); Carlos Mesa (2003-2005) y Rodríguez Veltzé (2005-2006), que consideran la decisión de sentar a Chile en el banquillo de los acusados una “política de Estado”.