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El nuevo proyecto flexibilizaría algunos artículos que obligaban a los jueces a denegar la excarcelación, aunque actualmente se encuentra frenado en la Justicia, donde la Suprema Corte dictó una medida cautelar que suspendió su aplicación. Organismos de Derechos Humanos, presentaron por su parte un planteo ante la Corte.
Scioli dijo que se busca con el Poder Legislativo “actualizar la legislación vigente, para acorralar y encarcelar a aquellas personas que sean sorprendidas con armas de fuego y que tengan antecedentes. Que entren y no salgan”.
La modificación de la norma no obligaría al juez a denegar la excarcelación en todos los casos para evitar la “violación del principio de inocencia y limitar la crítica del magistrado”.
El sciolismo presentó un texto donde se limitan las excarcelaciones en tres casos: cuando se portan armas de fuego ilegalmente y existe resistencia o evasión a un procedimiento por parte una autoridad pública; cuando los presuntos delincuentes tienen antecedentes por comisión de delitos con armas; o en los casos que los imputados gocen de una excarcelación anterior.
Estas políticas de control y restricción de acceso a las armas de fuego, tienen que ver también con una serie de estadísticas oficiales que indican que en 2012 creció un 22% el uso de armas de fuego en robos y un 10% el uso de armas de fuego en homicidios con 765 casos el año pasado.
Las reformas serán complementadas con otras que tienen que ver con un fuerte control de la venta de armas, la regularización de las agencias de seguridad privadas y la aplicación de nuevas tecnologías que permiten identificar a que arma pertenece el proyectil.
Con la nueva norma, los agentes judiciales deberán requerir de los antecedentes penales de todos los aprehendidos o detenidos, que tendrán que acompañar el informe dactilar.
También se creará un Registro Provincial de todos los comercios dedicados a la venta de armas, que deberán identificar a cada comprador.
Además, cada usuario deberá realizar acto de toma de muestra de proyectil testigo por cada arma, de manera que los mismos sean archivados para futuros cotejos tendientes a determinar la autoría de delitos.
Otras medidas tienen que ver con el secuestro de armas de fuego en casos de violencia de género y la destrucción inmediata de todo lo incautado.
“Como Estado, tenemos la obligación de buscar los mecanismos para desalentar a nuestra sociedad. Sin armas, hay paz, sin armas, no hay violencia, éstos son hechos totalmente repudiables”, dijo el Gobernador después de una reunión con funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y familiares de víctimas de hechos delictivos.