Es que consideraron que la información marcadamente contradictoria que surge desde los Juzgados de Luis Federico Arias y de Guillermo Atencio “está causando un estado de confusión generalizada”. A partir de los datos recabados por los legisladores, y de la información que surja de los expedientes judiciales, los diputados analizarán la posibilidad de iniciar un jury a los funcionarios judiciales intervinientes.
Apuntan, específicamente, “a las incongruencias e irregularidades que se estarían registrando en el accionar llevado adelante por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y por el juez de Garantía, Guillermo Federico Atencio”, informaron.
En ese sentido, expresaron que “mientras se cerró el listado oficial con 52 víctimas (con el aval de Atencio y Condomí Alcorta), aparecieron denuncias, que también tramitan en sede judicial, con decesos ocurridos en el temporal que no aparecen en esa nómina. Por ejemplo, Hebe de las Mercedes Oleastro Ballve era una mujer de 76 años, reconocida defensora de los derechos de los animales, cuyos familiares afirman que murió producto de una descompensación causada por el impacto emocional que le generó el anegamiento de distintos refugios que tenía a su cargo. Sus seres queridos afirman que no pudo recibir asistencia médica a tiempo por el colapso que generó la inundación en la ciudad”.
En tanto que los otros casos son: Juan Carlos García (un hombre de 51 años, que falleció ahogado tras ser arrastrado por la corriente en el cruce de calle 22 y 34), Edgardo Reguera (un hombre que vivía en calle 28, entre 43 y 44, que perdió la vida tras ser arrastrado por el agua cuando iba a buscar a su familia) y Guillermo Piombino (un contador de 51 años, empleado del IOMA, cuyo deceso se produjo en el Hospital Español, donde estaba siendo atendido por un cuadro de EPOC. Sus familiares atribuyen lo sucedido al apagón registrado en ese nosocomio).
Asimismo, en el listado oficial existe un grosero error en el nombre de una de las víctimas. Concretamente, aparece Máximo Mendoza Benítez, cuando en realidad el fallecido se llamaba Cristian Mendoza Benítez. Los oficios judiciales se libraron con este último nombre, lo que demuestra que la información de la nómina confeccionada por el gobierno provincial ni siquiera fue corroborada con el expediente judicial.
“La Legislatura no puede estar mirando para otro lado, ante semejante catástrofe. Por eso, sin interferir en la investigación judicial, a partir de lo que se va constatando en los tribunales, creemos que desde el poder legislativo se puede ir avanzando en busca de la verdad”, expresaron. Agregaron que colaborarán con todos los funcionarios judiciales, aportando información que han recabado in situ, a partir de recorridas realizadas en las zonas afectadas, así como también por el entrecruzamiento de datos referidos a personas que murieron en el trágico temporal y que no figurarían en el listado oficial. Además, suministrarán distintos análisis sobre asignación presupuestaria y ejecución de obras hidráulicas.
“Corremos el riesgo de que la catástrofe de La Plata se convierta en un cono de sombras, ante las peleas palaciegas y las operaciones que se están montando desde el Poder Ejecutivo para intentar imponer un sólo relato sobre lo acontecido. Ante tan delicada situación que viven miles de afectados, sumado al dolor de las familias de aquellos que perdieron la vida, consideramos que no hay especulación política que valga. Tenemos que llegar a la verdad, sea como sea”, dijeron Martello y Negrelli.
Cabe recordar que además presentaron un proyecto para conformar una comisión investigadora en el Cámara baja provincial, que indague sobre las actuaciones del gobernador Daniel Scioli, el ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal y el intendente Pablo Bruera. En caso de concretarse, se integrará por todos los diputados de la octava sección electoral, además de los presidentes de bloque.
