En una audiencia oral ante la Sala VI de la Cámara del Crimen, el fiscal pidió revocar el archivo de la investigación y avanzar con la investigación a Macri, al igual que a la ministra de Salud porteña, Graciela Reybaud, y al ex director del Hospital Ramos Mejía, Carlos Mercau.
La causa fue iniciada a raíz de una denuncia de la legisladora kirchnerista María José Lubertino, quien acusó a Macri de haber divulgado el lugar y la fecha en que una paciente iba a realizar un aborto en octubre del año pasado.
La mujer, de 32 años, fue víctima de trata de personas, y había sido autorizada a interrumpir su embarazo producto de una violación. El caso se ajustaba a lo establecido por un fallo de la Corte Suprema de Justicia y fue el propio jefe de Gobierno quien anunció que la interrupción del embarazo se realizaría en el Ramos Mejía.
Sin embargo, no pudo llevarse a cabo porque una asociación civil contraria al aborto presentó un recurso de amparo, y la jueza nacional Myriam Rustán de Estrada, a cargo del Juzgado en lo Civil N° 106, decretó una medida cautelar que impidió la realización de la intervención.
El fallo de la jueza, que la Ciudad apeló, también prohibió que se realizara en cualquier otro hospital porteño.
El amparo reavivó la disputa que se vivió durante el tratamiento de la ley para regular el aborto no punible, sancionada por la Legislatura.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se hizo cargo del caso, dispuso suspender la ejecución de la medida cautelar dictada por la Justicia Civil y autorizó la práctica de aborto no punible.
La mujer, logró un fallo favorable clave de la Corte Suprema de Justicia y pudo interrumpir su embarazo en otro centro médico.
La Cámara integrada por los jueces Marcelo Lucini, Mario Filozof y Ricardo Pinto, resolverá en los próximos cinco días si hace lugar al pedido del fiscal o si confirma el archivo del caso.
Por su parte, la defensa de Macri consideró que no surgen elementos nuevos como para que se investigue el hecho, luego del archivo dictado en primera instancia.
Durante la audiencia, la defensa de Reybaud sostuvo que de la denuncia no surge ninguna imputación concreta en contra de la funcionaria y el defensor de Mercau y abogado de los Médicos Municipales, dijo que quienes deben ser investigados son los legisladores Lubertino, Jorge Selser y Alejandro Bodart, a los cuales acusó de haber armado una “operación mediática” contra el Jefe de Gobierno porteño y el sistema público de salud.
Fuente: MinutoUno