Santa Cruz: en un polémico fallo se condenó a perpetua a acusados del crimen de un policía en 2006

Sobre el mediodía de este jueves, la justicia santacruceña condenó a la pena de cadena perpetua a los trabajadores petroleros Ramón Inocencio Cortez, José Rosales y Hugo González, por la muerte del policía Jorge Sayago, en 2006. Se trata de un fallo polémico porque denuncian que no hubo pruebas para condenar a los acusados.

“Sólo hubo un testigo de apellido Rosales que dijo que su declaración que incriminaba a uno de los condenados había sido realizada bajo apremios ilegales. No hubo ninguna prueba. Este juicio es totalmente irregular. Es una clara entrega de la corporación judicial para calmar los ánimos de la policía en Santa Cruz, es una ofrenda a la policía. Apelaremos la sentencia por todos los vicios que anulan el proceso”, dijo la abogada Claudia Ferrero según publica plazademayo.com.

 

Los jueces Humberto Monelos, Cristina Lembeye y Pablo Olivera fueron quienes dictaron la sentencia de estos cuatro trabajadores petroleros de Las Heras, Santa Cruz, acusados del crimen de Sayago en 2006, durante una importante huelga que conmovió a esa provincia.

 

“Nos dieron cadena perpetua”, le dijo Cortés al mismo sitio. “Somos inocentes. Es una vergüenza. ¿Cómo se llena la boca la Presidenta con los derechos humanos cuando se condena en su provincia a trabajadores por una movida política? Quieren que estemos presos para que nadie más se anime a salir a pelear por sus derechos. Le pedimos a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), al Frente de Izquierda, a todas las organizaciones que salgan a pedir un paro nacional. Nos quedan pocos días de libertad y nos van a encerrar sin ninguna prueba de nada”, agregó.

 

Además hubo otras penas. El resto de los acusados fueron condenados a 5 años de prisión.

 

Inmediatamente el fallo generó un rechazo multitudinario, sobre todo en los referentes de la Izquierda, que hablan de una injusticia inédita. “La perpetua que no tuvieron ni los probados asesinos materiales de Mariano Ferreyra; sin pruebas les dieron a 4 por la muerte del policía Sayago”, dijo el diputado nacional y dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola.

 

Por su parte, Jorge Altamira también se expresó al respecto, diciendo que “a los compañeros de Las Heras les dieron más que a Favale y Pedraza”, denunciando además que “no dejaron entrar al juicio a los diputados nacionales del FIT”.

 

Otras organizaciones de Derechos Humanos vienen sosteniendo que los hoy condenados son utilizados por la justicia para no avanzar sobre los verdaderos responsables del crimen: la cúpula policial de aquel momento y el sector político provincial y nacional, según expresan.

 

Según narra el portal OPI de aquella provincia, el enojo principal de los manifestantes es por lo irregular de los procedimientos utilizados por la policía y gendarmería, al momento de la detención y los allanamientos, denuncias de torturas, mal trato y amenazas que sufrieron todos y cada uno de los imputados junto a sus familias; la falta de responsables políticos, entre ellos el actual Intendente de las Heras, Teodoro Camino, quien junto a la actual Secretaria de DDHH, Roxana Totino, alentaban la protesta en horas previas a la pueblada ante la Alcaidía y fueron vistos llevando alimentos a los piquetes, como así también encabezando las marchas y fundamentalmente, la falta de responsabilidad institucional de parte de la Policía y del gobierno que en ese momento era de Sergio Acevedo.

 

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