Para Nisman, el acuerdo permite el “avasallamiento y atropello a derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional”, a la vez que remarca la “responsabilidad internacional del Estado Argentino” y advierte que el país “corre un serio riesgo de ser sancionado por organismos internacionales de DDHH”.
Según el fiscal, “se viola de manera manifiesta el artículo 109 de la Constitución Nacional”, el cual impide al Poder Ejecutivo ejercer funciones judiciales, y el artículo 27 del mismo cuerpo legal, que establece que “los tratados que se firmen con potencias extranjeras deben estar de conformidad con los principios de derecho público de la Constitución Nacional, principios que son reiteradamente pisoteados” por el memorándum de entendimiento con Irán.
Entre las violaciones de garantías constitucionales que propicia el tratado, el fiscal especifica “la vulneración del sistema republicano de gobierno; la división de poderes; la independencia judicial; la garantía del debido proceso; el principio del juez natural; el derecho de defensa en juicio; el principio de igualdad ante la ley; el derecho a la tutela judicial efectiva; y el derecho de acceso de las víctimas a la justicia”.
Además, Nisman desarrolló su diagnóstico sobre la naturaleza y orígenes de las “Comisiones de la Verdad” y los casos en que los Estados se valen de ellas; al respecto concluyó que “el expediente AMIA se encuentra en las antípodas de los supuestos que habilitan recurrir a este tipo de comisiones”.