El anuncio del gobierno tiene lugar a cuatro días de una manifestación contra el “casamiento para todos” (“mariage pour tous”) convocada por la Iglesia católica francesa, que sus organizadores estiman será masiva y toma una dimensión cada vez más política.
El derecho a la procreación asistida, una de las reivindicaciones de las asociaciones LGBT de Francia, no estará incluido en el proyecto de ley enviado al Parlamento por el gobierno, según anunció Bruno Le Roux, presidente del grupo socialista de la Cámara de Diputados.
A cambio, el PS se comprometió a incluir esta posibilidad en otra ley, la de la familia, que el gobierno del presidente François Hollande presentará en marzo.
El proyecto de ley de casamiento igualitario comenzará a ser analizado en el Parlamento el 29 de enero y se descuenta su aprobación antes de fines de marzo, dado que el socialismo posee mayoría absoluta en ambas Cámaras.
No obstante, la ley cuenta con el rechazo de la oposición conservadora, que, al igual que una parte de los partidos de extrema derecha, se sumó a la convocatoria de la Iglesia católica para la manifestación del domingo en París.
Mientras desde el gobierno socialista se denuncia “una instrumentación” por parte de la oposición conservadora de un “tema de sociedad”, los organizadores esperan poder repetir el éxito de 1984, cuando la Iglesia católica convocó más de un millón de personas para evitar la reforma de las escuelas privadas.
La presión de esa inédita manifestación obligó al presidente socialista Francois Miterrand a retirar su proyecto.
Hollande reiteró en numerosas ocasiones que cumplirá su promesa de campaña y durante sus cinco años en el poder permitirá a las parejas del mismo sexo casarse, adoptar o poder recurrir a la procreación asistida y hasta el alquiler de vientres, y reglamentará la eutanasia.
Estos dos temas generaron tensión y cruce de declaraciones entre el gobierno y representantes católicos en las últimas semanas.
Otro contrapunto reciente entre el socialismo y la iglesia, se dio por la amenaza de la ministra de vivienda, Cécile Duflot, de expropiar establecimientos religiosos vacíos para dar lugar a las personas sin alojamiento.