Cambiar algo para que nada cambie

Por Ricardo Salas.  Apenas superada la tormenta del pago retrasado del medio aguinaldo a los empleados estatales de la Provincia, el oficialismo K intenta continuar con la puesta en escena de nuevos capítulos de la novela semanal de enredos domésticos entre el gobierno nacional y la administración gubernamental a cargo de Daniel Scioli.

El débil cese de hostilidades orquestado por las patrullas ideológicas de la Casa Rosada choca de todos modos contra el estratégico tono conciliador que viene implementado el gobernador.

 

Durante los últimos días, la embestida del kirchnerismo ortodoxo giró en torno de la política penitenciaria entre las cárceles federales y las bonaerenses, y sobre el supuesto interés por llegar hasta la médula del extraordinario negocio del juego en la provincia de Buenos Aires.

 

Lo cierto es que desde La Plata advierten cómo distintos ministros nacionales van sacando turno para pegarle a Scioli. Aun sin mencionarlo, hasta la presidenta Cristina se quejó porque sus funcionarios fueron obligados a dar explicaciones sobre la controvertida decisión de promocionar que los presos sean sacados de las cárceles para llevarlos a supuestos “actos culturales K”, mientras que al gobernador no se le hizo el mismo requerimiento ante la fuga de un peligroso preso hace varios días de una cárcel bonaerense.

 

Se trata de una clara demostración de que la política de seguridad de Scioli no es autónoma, y siempre aparecerá monitoreada y hasta supervisada a distancia por la Casa Rosada.

 

Además de dejar entrever una fuerte crítica al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), y por elevación al ministro de Seguridad, Ricardo Casal, la propia presidenta se ocupó del tratamiento mediático que recibió la salida transitoria de reclusos de una cárcel federal al remarcar que “para determinadas cosas, (los medios) aplican la figura del encubrimiento”, al evitar destacar hechos que pueden salpicar la figura de Scioli.

 

La misma lógica utilizó días atrás el ministro nacional de Justicia, el juarense y exintendente platense Julio Alak, mencionando a “sectores del sciolismo” en la búsqueda de los responsables de lo que interpretaron como una operación político-mediática, para desviar el foco de atención en las irregularidades que se denuncian en torno al SPB.

 

Dentro de la silenciosa gobernación, no pocos suponían que el “paranoico encubrimiento” al que se refieren los “rosados” puede estar vinculado con el repaso de alguna encuesta de opinión donde pueden haber observado que Scioli mantiene porcentajes similares de imagen positiva pese a todos los embates que viene soportando de parte de un sector del kirchnerismo ortodoxo y la difusión de varios casos policiales que –en el último tiempo– han tenido gran cobertura periodística y un alto impacto negativo en la ciudadanía, jaqueada por la inseguridad.

 

Hasta la ministra nacional de Seguridad, Nilda Garré, salió a criticar con dureza la gestión de Scioli, al reprocharle haber renunciado al control político de la fuerza de seguridad. Horas más tarde, se sumó a la lista de voces disonantes el desestructurado vicegobernador Gabriel Mariotto, para reclamar “un cambio estructural” en la política penitenciaria provincial.

 

Pese al ahogo económico financiero y las provocaciones pergeñadas desde la Casa Rosada, el gobernador decide responder con más sciolismo. Es decir, acentuar al máximo su estrategia personal de no confrontar con la presidenta Cristina Fernández ni responder los ataques verbales del kirchnerismo. “Las segundas líneas hablan de más”, interpretan desde el entorno de Scioli.

 

Por cuerda separada, y desde que Scioli anunció la renovación de las licencias para las salas de bingo en la provincia, como alternativa para conseguir fondos frescos para pagar los sueldos a los estatales, desde el kirchnerimo buscan la forma de “estatizar” en ese millonario negocio del azar.

 

Es que la actividad se encuentra en manos de privados no solo en bingos, donde existen concesiones, sino también en los 11 casinos que pertenecen al Estado bonaerense, pero sólo se recibe un porcentaje de las ganancias recaudadas por esa vía.

 

Ante varios borradores de proyectos legislativos motorizados también por algún ministro nacional, como por ejemplo Florencio Randazzo –Interior y Transporte–, el vice Mariotto confirmó su decisión de convocar a un foro para “los sectores involucrados en el negocio y la ciudadanía en su conjunto” para juntos poder analizar las distintas iniciativas que plantean, con matices, modificar el sistema del juego en la Provincia.

 

Ese plenario popular convocado para septiembre en Mar del Plata contendrá seguras críticas contra Scioli, en momentos de la evaluación de los proyectos que plantean la estatización de la explotación de casinos, salas de bingo y máquinas tragamonedas, que, de aprobarse en la Legislatura, podrían anular el decreto gubernamental.

 

Desde el Senado sostienen que “ya fueron presentadas tres iniciativas parlamentarias para cambiar las reglas del “juego”, cuyos autores son el montehermoseño Alejandro Dichiara (FpV-PJ), de Alfredo Meckievi (PRO) y María Isabel Gainza (CC-ARI) y otros dos en la Cámara de Diputados, uno del randazzista Mario Caputo (FpV-PJ) y otro de Walter Martello (Coalición Cívica).

 

En las diagonales platenses no son pocos los que ven que detrás de los “foros de debate” como este convocado para discutir la situación del juego en la provincia cumple con el objetivo que alguna vez planteó Juan Perón, cuando dijo: “Si quieres que algo no avance y quede en la nada, debes crear una comisión”.

 

Es que, hace un par de meses, Mariotto clausuró su promocionado “Foro por la Seguridad Democrática”, promovido para crear la Policía Judicial, una fuerza civil para investigaciones penales en delitos complejos. Los debates durante meses desfilaron sobre distintos escenarios del Conurbano, Bahía Blanca y otros puntos de la Provincia, pero aun los aportes para “modificar parcialmente y enriquecer” aquel proyecto de ley que había impulsado Scioli no avanzó ni un centímetro legislativo.

 

Técnicamente, la rediseñada iniciativa para la creación de la Policía Judicial será presentada en sociedad dentro de una semana en el Senado, aun cuando legisladores del oficialista Frente para la Victoria reconocen dudas sobre las posibilidades presupuestarias de aplicar la iniciativa impulsada por la administración Scioli y “optimizada” por Mariotto y compañía en el corto plazo, dada la escasez de recursos.

 

“En asuntos puntuales como la inseguridad cotidiana o la crisis financiera de la provincia ni siquiera organizan una mesa redonda para dialogar sobre posibles variantes en la búsqueda de soluciones profundas”, razonan. poniendo como ejemplo la poca predisposición gubernamental y del oficialismo legislativo a la hora de pelear por mayores recursos en materia de coparticipación federal.

 

En rigor, la ausencia de un liderazgo opositor fuerte le sigue permitiendo al oficialismo K utilizar su falsa “gesta épica”, intentando ocultar los verdaderos problemas estructurales de fondo de la provincia, y cuyo origen puede estar vinculado con “el agotamiento del modelo” del gobierno nacional.

 

Con el tema del juego parece no seguirse la lógica presidencial de “ir hasta el hueso”. Por una cuestión de tiempo, a veces, los plenarios populares pueden terminar siendo funcionales a que nada cambie en la provincia.

 

La última hoja del almanaque de julio se despidió en La Plata con la amplificación de nuevas versiones sobre un complot K para precipitar la renuncia de Scioli e incluso con fecha de vencimiento: agosto.

 

“La Provincia se ha transformado, lisa y llanamente, en el campo de batalla en el que Cristina Fernández de Kirchner ha decidido escarmentar a quienes (presuntamente) pretendan sacar los pies del plato que la Nación ha servido”, explican no pocas espadas legislativas del radicalismo.

 

“Más allá de las diferencias ideológicas y metodológicas que mantenemos con el gobernador, respetamos el lugar que el voto popular le ha otorgado” manifiestan radicales –también coinciden los colorados del denarvaismo– contra el supuesto complot presidencial para interrumpir el mandato de Scioli antes del 2015 en la provincia.

 

Si bien es rigurosamente cierto que el gobernador debe administrar bien los recursos presupuestarios como insinúa el gobierno nacional, también es cierto que es muy difícil hacerlo, con una presidenta socavando y boicoteando la credibilidad de la Provincia, dicen en Legislatura.

 

Ricardo Salas/”La Nueva Provincia”

 

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