El Departamento Ejecutivo de Pinamar entregó a la Comisión Investigadora, el descargo y las pruebas de los 33 presuntos cargos analizados por lo diez ediles. El secretario de Gobierno Juan José Rodríguez, junto a la asesora Letrada, María Julia Fasanella y el director de Administración, Alejandro Bayley, fueron recibidos en el Concejo Deliberante por su presidente, Alberto Germain, y el presidente de la Comisión Investigadora, Gabriel Vidauli.
En este contexto y a partir de ahora, la Comisión Investigadora deberá analizar la defensa presentada por el intendente Blas Altieri para tomar una decisión que será plasmada en una sesión extraordinaria y que podía decantar en su destitución como jefe comunal.
Cabe recordar que días antes de que Altieri hiciera entrega de la respuesta formal, la provincia vivenció cambios en la segunda línea del gabinete, uno de ellos de gran impacto para la actualidad política de Pinamar: la renuncia de Gustavo Aguilera a la titularidad del Instituto Provincial de la Vivienda.
En este sentido el punto más polémico que integra los 33 ítems analizados por la Comisión, es la entrega de viviendas sociales, subvencionadas con dineros del Intitulo Provincial de la Vivienda, a familiares, amigos y funcionarios del intendente Altieri.
Ante la crítica situación político-institucional que vive el distrito comandado por uno de los mandatarios más allegados al gobernador Daniel Scioli, el Instituto de la Vivienda se convirtió en el lugar polémico donde se posaron todas las miradas.
Recordemos que, en los últimos tiempos y ante la evidencia insoslayable de las denuncias por irregularidades en la construcción de las viviendas sociales realizadas por el asesor del bloque radical Lucas Ventoso, el Instituto Provincial de la Vivienda se vio obligado a dar una señal.
En esta misma línea semanas atrás, el Senado de la Provincia aprobó los pedidos de informes por corrupción en Pinamar presentados por el presidente del Bloque de la UCR, Carlos Fernández. A través de estos informes, interpela al Ministerio de Justicia y Seguridad y al Instituto de la Vivienda de la Provincia por irregularidades en la construcción del complejo habitacional. Según la respuesta que emane del Ejecutivo, se decidirá “si corresponde hacer denuncias penales o si corresponde hacer denuncias administrativas”.
Altieri es amigo personal y aliado político de Scioli, hecho explicitado en cada visita del gobernador a Pinamar y en cada una de las campañas que la comunidad de Pinamar debió afrontar en los últimos años. Hoy, el aliado de Scioli afronta un delicado proceso político en el Concejo Deliberante que lo tiene al borde de la destitución luego de veinte años casi ininterrumpidos de ejercer la Intendencia.
Dentro del descargo, Altieri señaló que los planteos de la oposición responden a “cuestiones administrativas” dependientes del Tribunal de Cuentas que según dicta la ley no puede ser objeto de sanción. Asimismo el intendente hizo declaraciones mediáticas que buscan desligar su vinculación y responsabilidad en los hechos que “transgreden las normas que establece la Ley”. Contradiciendo la resolución provincial, Altieri aseguró que las viviendas no son sociales, sino “de entidad intermedia”, y, por lo tanto, “el Municipio nada tiene que ver con esto”.
