El nuevo gravamen forma parte del paquete impositivo que la gestión provincial envió a la Legislatura y que incluye, entre otros, aumentos en el Inmobiliario Rural y una carga impositiva adicional para la TV por cable y la telefonía celular.
Cabe destacar que hasta el momento las cooperativas tributan Ingresos Brutos cuando concretan transacciones con consumidores no asociados pero hasta ahora no están alcanzadas por esa imposición cuando el cliente es asociado, y por ende, parte de la institución. Pero a partir de estas medidas la administración provincial intenta gravar esas operaciones con un 3,5%, lo que representa un 70% del 5% que se busca imponer a la actividad comercial en general.
En este sentido la medida se dirige específicamente a la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, una institución que posee numerosas bocas de expendio a través de supermercados que se ha ido expandiendo por la zona sur de la Provincia. Pero, según afirma la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (FACC), la iniciativa terminará alcanzando también a transacciones que realizan cooperativas rurales abarcadas por Coninagro, entre otras.
Desde la FACC afirmaron que “Esta medida del Gobernador es algo así como una puñalada por la espalda para todo el cooperativismo de la Provincia”, al tiempo que explicaron que “la medida fue incluso cuestionada por organismos provinciales que trabajan con las cooperativas”.
Para los cooperativistas, el proyecto oficial “afectará gravemente la actividad de las cooperativas de consumidores y de trabajo e inclusive a las eléctricas que realizan operaciones de ventas minoristas”.
Además de FACC, según se informó, también se pronunciaron en contra del proyecto la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) y la Federación de Cooperativas de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires (Fedecoba).
Cabe recordar que en noviembre pasado, cuando el gobierno de Daniel Scioli envió a la Legislatura el proyecto de Ley Impositiva, pretendió avanzar en el mismo sentido, pero la propuesta fue dejada sin efecto a instancias de los legisladores.