La Comisión por la Memoria se ocupa de las violaciones a los derechos humanos en Malvinas

El copresidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, dijo que “la Comisión Provincial por la Memoria se suma al reclamo de verdad y justicia con los soldados que lucharon en Malvinas” y a su vez explicó que “no podemos separar lo que es la dictadura de la Guerra”.

A continuación, afirmó que “hay que investigar a los responsables de los crímenes cometidos no sólo en el país, sino también a los soldados que estaban combatiendo en Malvinas”, y expresó que “la Corte Suprema debe revisar la resolución de la Cámara de casación, porque le están negando a los ex soldados el derecho a la justicia”. Por último sostuvo que “los crímenes de lesa humanidad no prescriben en el tiempo y deben ser comprendidos desde esta perspectiva”.

Por su parte, el copresidente de la CPM, Hugo Cañón, señaló que “es importante ver que se instaló en la dictadura militar un discurso de relegitimación de la propia dictadura a través del conflicto en Malvinas”, y que ese “discurso se instaló a través heredar la idea de que fueron héroes de Malvinas aquellos que en definitiva tenían que ver con el plan sistemático de exterminio dentro de la Argentina”.

Paralelamente, la CPM informa que “detrás del reclamo justo por la soberanía, hay ciertos relatos de la guerra de Malvinas que buscan la legitimación de la dictadura” y que las  “memorias consideran héroes a todos los que participaron en ella, incluyendo a los oficiales que actuaron directamente en la represión y que incluso han sido condenados por violaciones a los derechos humanos”.

La lista de represores vinculados con la Guerra son Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Julio César Binotti revistaron en los grupos de tarea dela ESMA.

La presentación de la CPM incorpora abundantes antecedentes y jurisprudencia internacional (Declaración Americana, Convención Americana, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Convención Interamericana para la prevención dela Tortura) y concluye afirmando que lo que está en juego “reviste el carácter de gravedad institucional, por hallarse en tela de juicio la extinción de un proceso penal cuyo objeto versa sobre la investigación de delitos que ofenden a la humanidad, y cuya impunidad propiciaría la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos”.

 El excombatiente y víctima, Pablo De Benedictis, manifestó que en su caso ha tenido “amenazas personales y a mi familia por denunciar estos hechos en 1985″ y aseguró “fue torturado en las Islas, me metieron en pozos de zorro llenos de agua congelada”. El hombre dijo que los “castigos se nos aplicaban cuando por ejemplo íbamos a buscar carne que comían los oficiales y que a nosotros nos era negada” y sostuvo que le “ordenaban hacer cuerpo a tierra al lado de un campo minado”.

También habló Pedro Benítez y contó a los presentes que “un día fui estaqueado de las 10 de la mañana a las 16 horas, luego me dejaron 6 días sin comer”. Además narró que “otro día un oficial me ordenó que me tirara de cabeza a un pozo de zorro lleno de agua helada” y que “estando castigado se me acusó de comer queso con dulce, un oficial me preguntó entonces con qué mano había comido y entonces me hizo hacer cuerpo y me golpeó reiteradas veces con su arma en esa mano, de eso no me olvido nunca más”.

 La causa judicial comenzó en 2007 en el Juzgado Federal de Río Grande en Tierra del Fuego. El expediente contiene cerca de cien denuncias contra oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas por torturas, estaqueamientos, muertes por hambre y hasta un asesinato. La investigación había quedado paralizada porque la Cámara de Casación sostuvo que los delitos habían prescripto. Este recurso de queja que se presentará ante la Corte acompaña la postura del fiscal general Javier De Luca que pidió que se resuelva que los vejámenes que sufrieron los soldados durante la guerra deben ser considerados delitos de lesa humanidad.