En este sentido desde el Cels (Centros de Estudios Legales y Sociales),la Asociación Civil La Cantora, la Asociación Pensamiento Penal (APP), Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) y la Comisión Provincial por la Memoria explicaron que “el poder político insiste en la demagogia punitiva que procura responder a las demandas sociales de seguridad con el endurecimiento del sistema penal”.
A través de un comunicado también se refirieron al propio senado bonaerense al explicar que “El propio Senado provincial, en el informe sobre el “Caso Candela”, advirtió sobre la degradación y la inserción de redes ilegales en la Policía Bonaerense” ya que consideran que “En términos de una política de seguridad seria, sustentada en diagnósticos empíricos, las armas circulan porque el mercado ilegal está protegido y controlado por las mismas autoridades policiales.
Así ante el rechazo que venían manifestando cuando estaba en discusión este tema ahora los organismos de DDHH explicaron la sanción “sin dudas, implicará una grave amenaza para la vigencia de los derechos humanos en la provincia”.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han afirmado en reiteradas oportunidades que no pueden existir delitos no excarcelables y que la única posibilidad de privar de libertad a un individuo sin condena es por la acreditación de peligro procesal” según indicaron en el comunicado.