El fallo fue en contra un partido santafesino que sacó 11 mil votos en las elecciones y reclamaba 100 millones de pesos.
La Cámara Nacional Electoral falló a favor de una financiación razonable de los partidos políticos.
En un fallo unánime, los integrantes de la Cámara Nacional Electoral avalaron la decisión de la Dirección Nacional Electoral de no pagar más de 100 millones de pesos a un partido provincial que reclamaba ese monto aunque había sacado sólo 11.000 votos.
La controversia tiene su origen en los alcances de la ley que implementó las Primarias Abiertas y Simultáneas Obligatorias (PASO) para la financiación estatal de la impresión de boletas partidarias. La interpretación sobre este punto desató en los últimos años una serie de demandas judiciales que tuvieron uno de los puntos más candentes en un fallo de la Corte Suprema 2015.
Ese año, el máximo tribunal hizo lugar a una presentación de la alianza UNEN, que reclamaba bajo el principio de igualdad que el Estado, a través de la DINE, le financiara un padrón de boletas por cada lista interna que llevase la fuerza, de manera que todos los candidatos tuviesen representación en los cuartos oscuros de todos los establecimientos del país. La Corte falló a favor de ese pedido.
A partir de allí, la justicia electoral registró "un aumento inusual" de la oferta interna partidaria, que llegó a la situación que en 2023 se oficializaron un 170% más de listas que en la última elección primaria para la categoría presidencial anterior, que también se replicó en otras categorías electorales con un aumento del 115,8% respecto a 2011.
Producto de ese salto exponencial, la Cámara Nacional Electoral presidida por Alberto Dalla Vía consideró entonces que “la asignación de fondos, calculada de forma tal que cada una de las listas de precandidatos imprima una cantidad de boletas equivalente a la totalidad de ciudadanos convocados a votar, había perdido ya sustento en toda base razonable”.
En esa línea, durante la campaña electoral del 2023, la Dirección Nacional Electoral, por entonces dirigida por Marcos Schiavi, suspendió el pago de los aportes a más de 150 listas, que representaba un monto cercanos a los 3 mil millones de pesos, hasta tanto el juez electoral de la provincia en la que estuviera compitiendo la lista, aprobase el informe de rendición de campaña que están obligadas a presentar las agrupaciones políticas. Esto generó que algunas de varias listas que se presentaron a elecciones cuestionaran la decisión de la DINE ante la Cámara Nacional Electoral, exigiendo su inmediato pago.
Entre ellas estaba la alianza Nuevo Rumbo, de la provincia de Santa Fe, que recibió casi 50 millones de pesos para la impresión de un padrón completo, esto es, 16 millones de boletas. Sin embargo, amparados en la presentación de UNEN de 2015, los apoderados de esa alianza reclamaron judicialmente el pago de otros 98 millones de pesos, para cubrir otros dos padrones completos para el resto de las listas internas, pese a que en la provincia donde competían exclusivamente posee un padrón inferior a tres millones de electores.
Frente a esa situación, la DINE se negó a desembolsar ese dinero hasta que no estuviese presentada la correspondiente rendición de gastos, ya que consideraban, al igual que los jueces electorales, que detrás de la impresión de boletas podría esconderse un negocio o de malversación de fondos, como señaló el fallo de la CNE.
La resolución de los camaristas electorales ratificó lo dispuesto por la DINE y afirmó que “la irrazonabilidad del aludido mecanismo de cálculo, de por sí notoria, se torna aún más elocuente cuando se observa que -según los resultados del escrutinio definitivo- fueron efectivamente necesarias menos de 11.000 boletas para votar a las listas de la coalición de autos en ambas categorías (5.372 para diputados nacionales y 5.240 para parlamentarios de Mercosur)”.