El 1 de septiembre de 2022 no fue un día más en la historia del país. Esa noche intentaron asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando regresaba a su departamento en Recoleta. El cimbronazo político fue de tal magnitud que repercutió a escala global. A un año del intento de magnicidio, la causa judicial contra las personas detenidas espera por el juicio oral, mientras la trama política para determinar si hubo autores intelectuales detrás del hecho no avanza.
La causa principal, a cargo de jueza federal María Eugenia Capuchetti, fue parcialmente elevada a juicio oral el pasado 12 de junio. En ese tramo serán juzgados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, sindicados como coautores de la tentativa de homicidio, y Nicolás Carrizo, supuesto jefe de ambos en la venta de copos de azúcar, acusado como partícipe secundario. El expediente quedó radicado en el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 para llevar a cabo el debate.
Sin embargo, quedó abierta una segunda etapa de la investigación en la que se indaga sobre las presuntas responsabilidades políticas detrás del atentado. Para la querella, existen vínculos entre los agresores con el empresario Nicolás Caputo (ex ministro de Mauricio Macri) y también aparecen en la lista de sospechosos el diputado Gerardo Milman, quien fue hasta hace poco mano derecha de la candidata presidencial Patricia Bullrich.
José Manuel Ubeira, uno de los abogados de la vicepresidenta, dialogó con Letra P y cuestionó el papel de la magistrada en la causa, quien, a su entender, "no tiene intenciones" de profundizar la investigación del intento de asesinato. Además, consideró que la elevación a juicio oral y público del expediente "no beneficia a nadie".
“Nunca en la historia de la humanidad, desde el imperio romana a la actualidad, hubo un magnicidio con un entramado político detrás. Ésta es la primera vez, pero la jueza no quiere investigar. Además, un dato no menor es que la candidata presidencial Patricia Bullrich aún no repudió el atentado contra la vida de la vicepresidenta”, remarcó el letrado, a un año del intento de magnicidio.
En este sentido, Ubeira consideró que hubo "un encubrimiento por parte del Poder Judicial" y dijo que con la elevación del expediente a juicio oral "la jueza federal se sacó una papa caliente de encima" porque "no tiene la intención de investigar la causa".
"Hay medidas de prueba que son fundamentales y no se tomaron. Los acusados tienen vinculaciones con las personas que no forman parte de esta elevación", señaló el abogado, y lamentó la resolución de Capuchetti al considerar que "no habrá justicia para Cristina Fernández de Kirchner en ningún sentido".
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Pruebas en carpeta
Una de las medidas más solicitadas por la querella es la apertura del teléfono del diputado Milman, quien el pasado 22 de agosto se presentó en el juzgado de Capuchetti, a través de su abogado, para entregar su celular. Sin embargo, advirtió que no avala la orden del análisis de su contenido y anticipó que apelará ante la Cámara de Casación porque entienden que se están violando sus garantías constitucionales.
El celular quedará bajo custodia judicial hasta tanto se esclarezca la situación de Milman, quien ingresó a la lista de sospechosos tras la declaración de un empleado legislativo quien escuchó decir al diputado: “Cuando la maten yo voy a estar rumbo a la costa”.
El expediente rumbo al juicio
La jueza Capuchetti respondió a los planteos de la querella y señaló que "la oposición a la elevación de la causa en lo que hace a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, en base a un supuesto detrimento de la búsqueda de la verdad por desdoblamiento de la instrucción, no habrá de prosperar", según surge de su resolución.
"La querella manifiesta que no luce desproporcionado el plazo de detención que vienen sufriendo los imputados, y que por lo tanto debería priorizarse la persecución de una eventual elevación total de la causa. Sin embargo, como las defensas de los tres encausados vienen señalando en sucesivas presentaciones, se impone un rápido avance a la siguiente etapa", planteó.
La jueza recordó en su resolución que la fiscalía, a cargo de Carlos Rivolo, había señalado en su dictamen que no se detectaron elementos en la investigación que conduzcan a corroborar que los atacantes pudieron haber recibido, por ejemplo, financiamiento.
"Si bien conocemos que Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo tuvieron parte en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, todavía nos falta, incluso, conocer detalles de sus roles y del marco en el que tuvo lugar su ataque", enfatizaron los abogados de CFK cuando se conoció la elevación a juicio.
